La Audiencia Nacional condena a 30 años de cárcel al etarra Carrera Sarobe por el asesinato de Giménez Abad

La sentencia, que cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Ricardo De Prada, da por probado que Ata estaba aquel día en Zaragoza en calidad de integrante de ETA con «la finalidad» de asesinar al senador porque, como relatan los magistrados, la banda terrorista «perseguía la independencia del País Vasco del resto de España mediante acciones violentas contra las personas y los bienes». De hecho, reivindicaron aquel atentado con una nota en Gara dos meses y medio después.

El asesinato ocurrió pasadas las seis y media de la tarde, cuando Giménez Abad salió de casa con su hijo, que tenía entonces 17 años, camino de La Romareda para ver un partido. Según los hechos probados de la sentencia, «cuando ambos caminaban por la calle de la Princesa, Carrera Sarobe se acercó a ellos por la espalda y disparó a Don Manuel dos tiros a bocajarro». El senador cayó al suelo y allí Ata le descerrajó un tercer disparo en la cabeza. Su hijo presenció toda la escena.

«A continuación Carrera Sarobe salió huyendo y se acercó a una mujer cuya identidad no ha quedado demostrada y le entregó un objeto, tras lo cual el acusado y la mujer salieron huyendo por calles distintas», establece el tribunal, que saca de la ecuación a Zaldúa por falta de pruebas de que fuese ella. «Los informes de inteligencia examinados no permiten concluir que el 6 de mayo de 2001 Miren Itxaso Zaldua se encontraba en Zaragoza con el fin de atentar contra la vida de Don Manuel», dice la sentencia, que descarta asimismo que los testigos sean concluyentes.

De Ata, considera sin embargo que la prueba practicada en el juicio es «absolutamente convincente» de su culpabilidad. En este sentido, la sentencia destaca el testimonio de Borja Giménez, el hijo de Giménez Abad, quien «relató desde el primer momento lo que pudo presenciar porque prestó declaración en sede policial el 8 de mayo de 2001», y luego la ratificó en instrucción.

También le reconocería en las fotos que le enseñó la Guardia Civil 13 años después, al cabo de su detención. Según declaró, en aquel momento no conocía su nombre. El tribunal rechaza que ese reconocimiento esté «contaminado» por el hecho de que la prensa ya estuviese relacionando a Ata con el asesinato en esas fechas.

En el juicio, celebrado el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional, el hijo de Giménez Abad sostuvo el mismo relato que había enunciado 22 años atrás: que Carrera Sarobe le miró a la cara tras los dos primeros disparos y le tenía frente a él cuando detonó el tercero. «Todavía seguía mirando a Borja cuando se marchó. Se vieron perfectamente las caras», relata el tribunal.

Sin embargo, Carrera Sarobe negó los hechos. Aseguró que no estuvo en Zaragoza el día del asesinato porque se encontraba en una fiesta en el País Vasco francés de recaudación de fondos para las ikastolas, sirviendo comida en uno de los puestos, y presentó tres testigos que avalaron su relato. Reconoció que perteneció al comando Basajaun de ETA, pero afirmó que ni él ni el grupo estuvo involucrado en estos hechos, igual que exculpó a Zaldua: dijo que no era miembro de ese comando y que la había conocido años después en Francia.

«Los testimonios expuestos no convencen al tribunal», dice la sentencia sobre esos testigos de la defensa. «Todos los testigos tienen una vinculación con el acusado, son amigos o familiares, todos ellos del mismo entorno radical que el acusado», relata. Llama la atención sobre el hecho de que ninguno compareciese durante la instrucción cuando «podrían haber acudido a declarar a favor de su amigo», así como cuestiona que el propio Carrera no declarase sobre este asunto siendo, como era, su principal coartada.

Para el tribunal, «se ha practicado prueba suficiente que acredita su participación» en el asesinato, entre las que relata además del testimonio de Borja Giménez, la coincidencia de los casquillos y los proyectiles con el arma usada después por ETA para asesinar a Joseba Pagazaurtundúa, atentado que fue reivindicado junto al de Giménez Abad y otra docena de acciones en un sólo comunicado; o el relato de varios testigos que se encontraban en la zona y cuyo relato apuntaló el modo en que transcurrió el atentado.

Entre ellos resalta el de una mujer que vio aquel día a Ata pero sólo le identificó años después cuando reconoció su rostro en la prensa -«ostras, el chico de la gorra»- y acudió a comisaría en la localidad levantina donde reside.

Asimismo, los magistrados ponen en valor los informes de inteligencia policial y las periciales de la Guardia Civil que, a partir de la descripción que proporcionó el hijo del senador, construyeron un retrato robot y comenzaron la búsqueda de personas que tuvieran peso en ETA y no estuvieran fichadas en 2001. Sumaron los sellos de Francia y en concreto una agenda incautada a Javier García Gaztelu (Txapote) en febrero de 2001 y un documento incautado a Mikel Albisu (Antza en 2004) que le situaban en ese perfil.

El tribunal concluye que «se ha practicado prueba absolutamente convincente» y los hechos son constitutivos de un asesinato terrorista porque concurre claramente alevosía en la actuación. «Su apreciación no presenta dificultades tras escuchar el testimonio de Borja Giménez y la declaración de los médicos forenses sobre el informe de autopsia porque permiten afirmar que el ataque sufrido por D. Manuel Giménez Abad fue ejecutado por la espalda sobre una víctima que está completamente ajena a lo que le va a suceder, que está en un momento de ocio con su hijo», explica la sentencia. De ahí que le imponga 30 años de prisión.

Incide en que «el ataque es por completo inesperado, con una pistola semiautomática frente a una víctima que no va armada» y al que se propinan dos disparos en la espalda provocando que caiga al suelo. «Si antes de estos disparos las posibilidades de defensa del Sr. Giménez Abad eran escasas, herido y caído en el suelo esas posibilidades son nulas y es así, caído y herido en el suelo, cuando el agresor dispara el tercer tiro que alcanza en la cabeza a la víctima y es mortal de necesidad. El autor se ha asegurado así el resultado mortal sin ningún riesgo para su integridad física», razona.

El magistrado Ricardo de Prada no está de acuerdo. «Mi posición es la de que, sin dejar de tener en cuenta que existen evidentes elementos indiciarios y de prueba en su contra, considero que estos no son de suficiente entidad ni tienen suficiente consistencia para concluir, más allá de cualquier duda razonable, utilizado este como estándar probatorio aplicable, que se tratara de la persona que cometió materialmente el hecho», dice el voto particular.

Considera que la identificación de los testigos «no resulta definitiva» porque «adolecen en todos los casos de problemas que merman por unas u otras razones su credibilidad», los informes de inteligencia policial han de ser tomados «opinión o conclusiones policiales» y «la negativa radical del acusado respecto de su participación en los hechos, para lo que aporta un contrarrelato exculpatorio, requiere necesariamente ser desdibujada por prueba con suficiente densidad» que no aprecia en este caso.