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El juez cita al Estado como responsable civil subsidiario de los delitos de Villarejo

El instructor acuerda prorrogar la investigación por los presuntos encargos de Iberdrola al comisario para que la abogacía pueda defenderse

El comisario jubilado, José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo De San Bernardo
Adriana Cabezas

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El Estado podría verse obligado a pagar por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de Villarejo cuando éste era policía en activo. El juez del caso, Manuel García Castellón, considera que es responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el comisario jubilado mientras se encontraba en servicio en el Cuerpo Nacional de Policía y le cita a través de sus servicios jurídicos.

De confirmarse, esto implicaría que el Estado tendría que cubrir la responsabilidad pecuniaria de Villarejo, en caso de condena y si él no pudiera hacer frente al pago.

La citación se produce en el marco de la pieza 17 del caso Tándem, en la que se investiga los presuntos encargos que Iberdrola habría hecho al comisario Villarejo y responde a una solicitud formulada por el que fuera jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, también imputado en la causa.

En un auto conocido hoy el magistrado ofrece al Estado un «plazo razonable» para poder estudiar las actuaciones, presentar alegaciones y defenderse de su supuesta responsabilidad «en orden a su posible exclusión de tal posición procesal».

Es por ello que el magistrado ha acordado alargar la instrucción de esta pieza –que estaba a punto de agotarse– «por un plazo de seis meses, hasta el 29 de enero de 2023».

Para adoptar esta decisión y señalar al Estado, el magistrado se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que establece que una vez finalizado el proceso es cuando procede llamar a los posibles responsables civiles subsidiarios, con el fin de que puedan tener conocimiento de los hechos y, eventualmente, defenderse «en orden a su posible exclusión de tal posición procesal».

En el auto, conocido hoy, el magistrado acuerda otra serie de diligencias como declaraciones testificales que previamente había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

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