La Audiencia de Madrid decide el futuro judicial de Begoña Gómez

Los magistrados de la Sección 23 deliberarán sobre los recursos de apelación presentados contra la instrucción por la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, quien considera que la investigación es prospectiva y general y por la Fiscalía de Madrid, que ha pedido que se ordene al juez acotar la causa.

«La investigación de 'todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España' es un ejemplo práctico de lo que la doctrina ha venido en llamar una investigación prospectiva. Que como veremos está absolutamente proscrita en un sistema democrático» se lee en el recurso de apelación de Begoña Gómez en referencia a los argumentos esgrimidos por el instructor en el auto con el que el pasado 1 de julio respondía a su reclamación de aclaraciones sobre los hechos que se investigan. No obstante, ese auto dice que son objeto todos esos actos desde que su esposo es presidente pero que estén contenidos en la denuncia inicial.

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A raíz de una querella del sindicato Manos Limpias, basada en informaciones de prensa, el titular del Juzgado 41 de Madrid comenzó a investigar a la esposa del presidente del Gobierno por su acceso a la dirección de una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a pesar de no tener ni título universitario. Por otro lado, abordó la relación de Gómez con dos empresarios: Juan Carlos Barrabés, dueño de un conglomerado de empresas que recibieron ayudas públicas para quien firmó cartas de recomendación y profesor de uno de los dos másteres de la Complutense también dirigidos por Begoña Gómez; y Javier Hidalgo, anterior CEO de Globalia, receptora de las ayudas estatales para la recuperación de empresas por la pandemia.

La esposa de Sánchez dirigía el África Center de la universidad privada Instituto de Empresa (IE) cuando éste firmó un contrato con Wakalua, filial de Globalia, aunque el centro privado de estudios aclaró que dicho contrato se interrumpió y nunca llegó a abonarse cantidad alguna. Éste es otro de los asuntos alrededor de los que el juez Peinado ha enfocado su investigación, interrogando a la responsable de la filial de Globalia como testigo. Igualmente, tomó declaración, en su caso como investigado, al exrector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien reconoció que la propia Gómez le citó en el Palacio de la Moncloa para proponerle la puesta en marcha de la cátedra universitaria para la que ella misma reunió la financiación de Reale y Fundación la Caixa.

Iniciada la instrucción, el juez Peinado admitió también como acusaciones a Vox (que aglutina a las demás), Hazte Oír, Iustitia Europa y Regeneración Democrática de España.

El pasado 30 de septiembre, los magistrados de la Audiencia de Madrid ya se reunieron para abordar los recursos presentados contra la investigación del juez Peinado y decidir sobre el futuro de ésta una vez recibieron toda la documentación del Juzgado 41. Pero la deliberación quedó suspendida puesto que faltaba el texto del recurso de apelación de la defensa de Gómez.

Este lunes retoman los trabajos y hay tres escenarios abiertos: que den luz verde al instructor para continuar con la causa; que ordenen archivarla atendiendo las alegaciones de la defensa o que acoten los asuntos abordados, como pide el Ministerio Público.

Paralelamente, el 24 de septiembre la Audiencia de Madrid permitió al juez Peinado investigar si, como denunció Hazte Oír, Begoña Gómez se habría apropiado de un 'software' de la UCM desarrollado para el máster que dirigía, registrándolo en la oficina de Patentes y Marcas a nombre de una sociedad suya. La querella recayó en el Juzgado 48 de Madrid, cuyo titular pidió inhibirse en favor del 41, que ahora está pendiente de recibir la documentación para poner en marcha las pesquisas.