Artur Mas, Homs y otros ocho cabecillas de la consulta soberanista de 2014 tendrán que pagar un millón por intereses

Fue la antesala, a modo de ensayo, del referéndum y posterior declaración de independencia que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, ya con Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat.

Por el 9-N fueron enjuiciados y condenados en el Tribunal de Cuentas Artur Mas, Francesc Homs, la por entonces vicepresidenta y consejera de Gobernación del Ejecutivo catalán, Joana Ortega, así como quien estaba al frente de la Consejería de Educación, Irene Rigau, y otros seis altos cargos de la Generalitat.

Se determinó que habían desviado ilícitamente 4,9 millones de euros para la organización y celebración de aquella consulta soberanista. Y, el Tribunal de Cuentas cifró en un millón de euros los intereses, calculados por el tiempo transcurrido desde que se produjo el desvío de dinero público y hasta que los culpables lo reintegraron a la Generalitat.

Los sentenciados llevan tiempo intentando, sin éxito, que esos intereses a los que deben hacer frente de forma solidaria se les rebajen a la mitad. Homs ha liderado la estrategia, argumentando que el contador de los intereses debía haberse paralizado cuando los enjuiciados atendieron la consignación preventiva de fondos que les exigió el tribunal, algo que ocurrió entre noviembre de 2017 y julio de 2019.

Este argumento de Homs ya fue rechazado hace meses, cuando el TCu desestimó el recurso que interpuso el 28 de julio de 2022. Ante el varapalo, lo intentó de nuevo con este recurso de apelación, que este lunes quedó resuelto por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que de nuevo ha desestimado los argumentos de Homs y del resto de condenados que se han adherido a esta estrategia.

Así, se vuelve a confirmar la liquidación de intereses que se practicó contra ellos por diligencia de ordenación de 27 de octubre de 2021. En ella, además d ellos 4,9 millones que tuvieron que devolver a la Generalitat, se cifraron los intereses en alrededor de un millón de euros, frente a los menos de 600.000 euros a que aspiraban los condenados.