Comienza el curso judicial con una de cada tres plazas en el Tribunal Supremo vacantes
La ley que maniató al CGPJ al prohibirle hacer nombramientos se traduce ya en 1.200 sentencias menos al año
El CGPJ no espera su renovación y se prepara para una «etapa larga»
El próximo jueves el Poder Judicial se viste de gala para inaugurar en el Tribunal Supremo, y en presencia de su Majestad el Rey, un nuevo curso marcado por la incertidumbre respecto a la formación del futuro Gobierno y a la solución que se dé ... a la caótica situación que atraviesa la cúpula judicial ante la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018, pueda efectuar nombramientos.
Por primera vez en los últimos ocho años, el discurso de Apertura del Año Judicial no correrá a cargo de Carlos Lesmes, quien precisamente en el acto del pasado año anunció su intención de renunciar si la situación de bloqueo del Consejo se mantenía y si no se procedía a la renovación. Apenas cuatro semanas después cumplía su amenaza y dejaba la presidencia del órgano de gobierno de los jueces sin que los reiterados llamamientos de la Comisión Europea respecto a la urgencia de la renovación y el cambio en el sistema de elección de los vocales tuviera efecto alguno en el Gobierno y en el PP, condenados a entenderse por las exigencias de mayorías parlamentarias reforzadas.
De esta forma, y tras la atípica situación de bicefalia que se produjo con esta dimisión (con un presidente al frente del CGPJ y otro en el Supremo) será el presidente interino del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, quien pronuncie este discurso de apertura, tal y como anunció en su entrevista en exclusiva con este diario el pasado julio el nuevo presidente del Consejo, Vicente Guilarte, sustituto a su vez de Rafael Mozo.
Y precisamente porque la peor parte de la reforma que desde hace año y medio impide al Consejo hacer nombramientos se la está llevando el Supremo, es previsible que Marín Castán no deje pasar la oportunidad de aludir en su discurso a la necesidad de terminar ya con esta situación que ha provocado que una de cada tres plazas del TS estén vacantes porque no se pueden cubrir bajas y jubilaciones desde que esa ley entró en vigor. De nada han servido los avisos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo alertando de la «insostenible» situación del Tribunal, que se está traduciendo en 1.230 sentencias menos al año. Especialmente gráfica es la radiografía de la Sala Social, que hoy cuenta con sólo seis magistrados de una plantilla de trece; o la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 11 vacantes en una plantilla de 33.
Hoy por hoy no parece que el acuerdo para la renovación del CGPJ esté cerca. Así lo indica el reciente encuentro que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieron esta misma semana con motivo de la ronda de contactos para la investidura del presidente de los populares. Sánchez pidió a Feijóo un compromiso para renovar el órgano de gobierno de los jueces antes del 31 de diciembre con independencia de quién esté en el Gobierno; Feijóo por su parte, pide que se cumpla un plan de regeneración democrática que pasa por modificar antes el sistema de elección de vocales para que los doce de procedencia judicial sean seleccionados por la propia carrera sin interferencias políticas.
De hecho, antes de las elecciones del 23 de julio, cuando todas las encuestas apuntaban a un Gobierno del PP, los de Génova ya tenían todo dispuesto para activar en septiembre su plan de Justicia, que pasaba por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para elegir el nuevo Consejo con la intervención directa de la carrera. Los populares eran conscientes de que esta reforma no estaría lista en el mejor de los casos hasta el mes de febrero, y que esto supondría un retraso de unos meses respecto a la otra alternativa, que sería renovar el CGPJ e inmediatamente después proceder a una modificación legal, pero creen que lo que no tiene sentido es legitimar durante los próximos cinco años una situación que, a la luz de las recomendaciones europeas, estaría «contaminada» de origen.
Sin visos de acuerdo entre los dos principales partidos, y complicando los tratos de Sánchez con los independentistas cualquier posibilidad de entendimiento con el PP, todas las miradas están puestas ahora en el Tribunal Constitucional, dispuesto a abordar por fin los recursos interpuestos por PP y Vox contra la reforma que maniató al CGPJ al prohibirle hacer nombramientos estando en funciones. El órgano de garantías tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que la primera ponencia a debatir, en manos de María Luisa Balaguer, avala.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete