Armengol conocía a Koldo García, pero niega haber hablado con él de mascarillas

En plena resaca de las elecciones catalanas, con el foco mediático posado sobre la gobernabilidad de Cataluña, la comisión de investigación ha celebrado una sesión monográfica, en la sala Prim, sobre el contrato por el que el Govern balear compró 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros. Ese material, que resultó ser de menor calidad a la pagada, nunca llegó a utilizarse y se caducó almacenado. Cuando agonizaba el mandato de Armengol, a dos meses de las elecciones de mayo del año pasado, su Gobierno comunicó a la empresa que le iba a pedir el reingreso de una parte del pago, 2,6 millones de euros, porque las mascarillas no eran FFP2 sino KN95. El 6 de julio del 2023, el día de la investidura de la popular Marga Prohens, el Ejecutivo de Armengol inició el expediente de reclamación.

Ahora, y este lunes en eso se ha centrado la defensa de Armengol, la actual presidenta del Congreso trata de desviar la responsabilidad de lo sucedido al acusar al Gobierno de Prohens de haber permitido caducar el expediente de reclamación. La tercera autoridad del Estado se ha protegido con uñas y dientes de las preguntas de Elías Bendodo (PP) y de Jorge Campos (Vox) y les ha acusado de «mentir» y de promover una campaña de «bulos» contra ella. La tensión se ha disparado hasta el punto de que la presidenta le ha echado en cara al portavoz de Vox que alguna de las informaciones a las que aludía debían de haberse publicado en algún medio financiado por la Comunidad de Madrid. Los 'pseudomedios' de los que habla Pedro Sánchez. Sobre la compra de mascarillas, ha dicho, no sabía «nada». El expediente se lo ha «estudiado» ahora, para la comparecencia.

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En la comisión de investigación, la figura de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, prácticamente monopoliza cada sesión. Él le da el nombre al caso y es el vínculo entre el Gobierno y la trama. El exministro de Sanidad Salvador Illa ya reconoció en el Congreso que se había reunido con él en el Ministerio de Sanidad, pero este lunes Armengol no ha llegado tan lejos. Sí ha admitido que lo conocía y que había coincidido alguna vez con él cuando acompañaba a Ábalos a algún acto, pero ha negado cualquier conversación con él sobre mascarillas o sobre la empresa Soluciones de Gestión. «Nadie recibió órdenes o presionó para que se compraran», ha zanjado la compareciente.

Por la mañana, antes que ella, el ex director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) Manuel Palomino ha desvelado que él mismo contactó por WhatsApp con García para preguntarle por mascarillas. Lo hizo a instancias de una llamada del Ministerio de Transportes, aunque ha garantizado que no recuerda qué persona le había telefoneado. La incógnita de los últimos meses, por tanto, se mantiene.

Iago Negueruela, exportavoz del Gobierno balear, que ha comparecido después de Palomino, hace algo más de dos meses dijo en un encuentro con periodistas que desconocía quién llamó desde Transportes ni a quién.

A quién lo ha desvelado este lunes el propio Palomino, fue a él, pero quién se puso en contacto con él sigue siendo un misterio. Esa pregunta no la han sabido contestar ni Palomino, ni Negueruela ni Armengol. Esta última, por activa y por pasiva, ha insistido en que ella estaba en conversaciones a otro nivel, «en la toma de decisiones de calado»: con Ábalos para cerrar los puertos y aeropuertos del archipiélago; con Nadia Calviño, para negociar las ayudas a empresas; y con Yolanda Díaz, para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Palomino solo ha acertado a decir que su interlocutor era «alguien no especialmente significado». Él y Negueruela han llegado a afirmar que podía tratarse de una llamada desde una «centralita» de Transportes. Ese contacto fue el que facilitó el número de García a Palomino y el que abrió la puerta de Baleares a la trama.

Fuentes del PP despachan las dos primeras comparecencias como las de «dos teloneros» que buscaban «eximir» de cualquier responsabilidad a Armengol. Pero Bendodo, en su interrogatorio a la presidenta del Congreso, ha recordado que son la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Europea quienes investigan el contrato cerrado bajo su mandato. Ella, como Poncio Pilato, se ha lavado las manos y ha defendido la necesidad que había de hacerse con 'stock' para acceder a la desescalada.

El diputado del PP ha preguntado a Armengol por qué emitió informe de conformidad a Soluciones de Gestión en agosto del 2020 cuando, dos meses antes, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya le había comunicado al Gobierno de Baleares que las mascarillas enviadas para su análisis, las compradas a la empresa, no eran FFP2. «El certificado que se hace es de recepción. Que se han recibido 1,4 millones de mascarillas en el día que tocaba y por el precio pactado. Eso no impide reclamar el dinero que se reclama. El problema es que el Gobierno del PP ha dejado caducar el expediente y ahora no podemos reclamar», ha asegurado.

En el correo enviado a Soluciones de Gestión, no obstante, no solo se califica de «satisfactoria» la compra, sino que se añade: «Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse en conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado». En junio del 2020 el Gobierno balear sabía que las mascarillas no eran FFP2, pero no se informó a la empresa de su disconformidad hasta marzo del 2023.