La inmigración complica el acuerdo presupuestario de PP y Vox en Aragón

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Ambos partidos, PP y Vox, han protagonizado desde el pasado viernes el enésimo choque por la política migratoria y la llegada de menas procedentes del reparto acordado por Pedro Sánchez con sus socios catalanes en La Moncloa.

El Ejecutivo regional exigió ayer «más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad» al líder del partido de Santiago Abascal, Alejandro Nolasco, tras plantear la firma de convenios con Marruecos y Argelia para repatriar menores y cancelar los convenios con oenegés para atender a los menores. «Las declaraciones de hoy del señor Nolasco demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración», dice el Ejecutivo en un extenso comunicado oficial.

El enfrentamiento se remonta al ofrecimiento en modo órdago, en modo irónico, que el pasado viernes Azcón lanzó amagando con hacer hueco a Vox en la Consejería que ahora mismo pilota Carmen Susín, de Bienestar Social y Familias, encargada de la política migratoria, para que comprobase cómo funcionan las cosas y que asumiese las consecuencias de incumplir la ley con el reparto de menores. Nolasco dijo ayer que no solo aceptaba y recogía el guante, sino que entraba a dirigir el departamento que parece estar de saldo. Indicó que «acepta» la propuesta para cancelar convenios con las ONG y devolver a menores migrantes a sus países. Nolasco señaló literalmente junto a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, acompañado de las concejales de la ciudad Elena Fernández y Verónica Luz, que «regresaría de nuevo (fue once meses vicepresidente de Azcón) al Gobierno aragonés con las competencias de políticas migratorias el tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas».

De entrar al departamento, Nolasco anunció que aplicaría el artículo 35.2 de la ley de Extranjería, según el cual se faculta a las regiones a «establecer acuerdos con los países de origen» de los menores migrantes llegados a España para «procurar que su atención e integración social se realice en su entorno de procedencia«. En la norma también se indica que «tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos».

Nolasco ha señalado que solo necesitaría «unos meses» para aplicar estas medidas y que se irían del Gobierno una vez conseguido esto. Sería por el tiempo justo, matizó.

La reacción del PP fue furibunda.

«Animamos al señor Nolasco a darse un baño de realidad viajando a estos dos países a intentar reactivar dichos convenios de repatriación», que están suspendidos desde hace años.

Respecto a la ley de Extranjería, el Gobierno de Azcón aclara que «el procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la comunidad autónoma ante el delegado del Gobierno, que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento», al que el propio menor, su familia o el país receptor se pueden negar, lo que hace que sea «automáticamente inviable

Además, Presidencia de la Comunidad aclaró que «no tiene convenios directos con Cruz Roja, ACCEM, Cepaim y APIP ACAM en materia de inmigración. Estas entidades reciben subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y no puede excluirse a nadie de ellas» y por desarrollar programas que, más allá de la inmigración, también están asociados al «trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas», entre otros. Por lo tanto, según han expuesto, el Ejecutivo regional únicamente tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, «en los que solo una parte son extranjeros».

Tras la aprobación del Real Decreto ley 2/2025, que establece un nuevo sistema de respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la acogida de menores no acompañados, el Gobierno dirigido por Jorge Azcón explica que «en las conferencias sectoriales ya no se decide nada sobre el reparto de menores migrantes, porque el gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022 y el traslado ahora se impone de manera unilateral para beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV». La norma ha sido recurrida por Aragón ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.