Economía
Los sindicatos anuncian una guerra judicial contra el cierre de la fábrica ejeana de Future Pipe
Advierten a la compañía que, si no se llega a un acuerdo, están dispuestos a pedir que los jueces investiguen las cuentas de la factoría, porque sospechan que han sido manipuladas
Si los trabajadores y la dirección de la factoría aragonesa de Future Pipe no llegan a un acuerdo sobre el cierre de la planta que ha decidido la compañía, se avecina una guerra judicial que podría llevar incluso a la investigación de las cuentas de la empresa. Al menos es lo que están dispuestos a pedir los sindicatos, que sospechan que esas cuentas han podido ser manipuladas para «disfrazar» con supuestos números rojos «lo que en realidad es una deslocalización pura y dura de una fábrica que puede ser perfectamente viable».
Así lo ha indicado en declaraciones a ABC el responsable de la Federación de Industria de UGT-Aragón, José Juan Arcéiz , uno de los miembros de la mesa negociadora creada entre empresa y sindicatos tras la presentación del expediente de cierre por parte de Future Pipe. Esta empresa se dedica a la fabricación de tuberías y, desde el año 2013, pertenece a un grupo con sede central en Dubai (Golfo Pérsico).
Fue hace un mes cuando esta compañía anunció que había decidido cerrar la fábrica de Ejea y prescindir de toda su plantilla, que ronda los 115 trabajadores, en torno al 2% de todo el empleo por cuenta ajena que hay en Ejea de los Caballeros . Para consumar su plan, presentaron ante la autoridad laboral un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción de la factoría. Tal y como marca la normativa, a partir de ese momento se abre un periodo de consultas obligatorio entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, que es el que ahora toca a su fin sin que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes.
«Es una empresa que podría tener viabilidad haciendo una serie de reformas y de cambios, nosotros les hemos pedido que los afronten, pero la compañía no quiere hablar en absoluto de salvar la fábrica. Tienen decidido el cierre y no quieren hablar de nada más que no sea de cerrar la fábrica», ha criticado Arcéiz .
Ante esta situación, los sindicatos han exigido que los trabajadores afectados sean indemnizados como si sufrieran un despido improcedente -45 días por año trabajado hasta el 2012, 33 días por año a partir del 2012, y sin límite de mensualidades de indemnización-. Sin embargo, la empresa solo ha ofrecido, hasta ahora, 24 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Es decir, que en el mejor de los casos para los trabajadores más antiguos, perderían su empleo con una indemnización equivalente a un año de salario.
UGT considera que esta propuesta de la empresa es «inaceptable». La empresa dice que está asfixiada por las pérdidas, pero los sindicatos afirman que han hecho «ingeniería financiera» en el informe económico que han presentado, para mostrar unas cuentas peores que las reales.
A expensas de lo que ocurra en la recta final del proceso negociador, que se agota estos días, los sindicatos advierten que están dispuestos a desplegar una guerra judicial si no se llega a un acuerdo. Incluso se plantean, llegado el caso, promover acciones judiciales para que se investiguen las cuentas reales de la compañía y dilucidar si se ha podido producir una manipulación de los datos que se han presentado para justificar el cierre de la fábrica.
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