Entre otros usos, la identificación por ADN permite perseguir la presencia de excrementos en la vía pública
Entre otros usos, la identificación por ADN permite perseguir la presencia de excrementos en la vía pública
Tribunales

El servicio de la Universidad de Zaragoza para analizar el ADN de los perros acaba en los juzgados

Una empresa valenciana ha denunciado al Ayuntamiento de Ejea por adherirse a un convenio que considera ilegal

Zaragoza Actualizado: Guardar
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El servicio para crear un censo de ADN canino en Aragón, articulado entre la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas (FAMPC), la Universidad de Zaragoza y los colegios de veterinarios de las tres provincias, ha acabado en los juzgados. Ha ocurrido después de que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros haya decidido implantar este servicio en su municipio, acogiéndose a aquel convenio marco que firmaron la FAMCP, la Universidad y los veterinarios en octubre de 2016.

Aquel acuerdo marco se firmó con el fin de que pudieran adherirse a él los ayuntamientos que lo desearan. De esa forma, cada ayuntamiento podía –teóricamente- implantar ese servicio en su municipio de forma directa, sin sacarlo a concurso. El fin último consiste en identificar a los perros de la localidad a partir de análisis de sangre, con los que obtener el ADN. Eso permitiría contar con una base de datos de ADN canino, para ser utilizado cuando haya que identificar a algún animal que haya infringido la normativa, que se haya perdido o que haya sido abandonado. Un uso principal con el que se pensó es el de luchar contra los excrementos caninos, de forma que cuando se detectaran heces de perro en la vía pública pudiera cotejarse el ADN y dar con el dueño para sancionarlo.

El problema es que aquel convenio entra en competencia con servicios que prestan empresas privadas como la valenciana ADN Canino. Y ésta entiende que, cuando un ayuntamiento se adhiere a aquel convenio para implantarlo en su municipio, en lo que está incurriendo en realidad es en una adjudicación directa, sin concurso público, para un trabajo técnico que está valorado en más de 15.000 euros y que, por tanto, la ley exige que ha de salir a licitación. Si no hay licitación, una empresa o entidad interesada -caso de la demandante- no tiene opción alguna de optar a ese contrato público.

El caso está ya en manos de los tribunales. En los últimos meses, ADN Canino presentó una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Zaragoza, que ahora tienen que resolver. La empresa que ha demandado advierte que hará lo mismo con todo ayuntamiento del que se entere que se adhiere a este servicio igual que lo ha hecho el de Ejea. Y, como muestra de que hay serios indicios de ilegalidad, apunta que otros ayuntamientos han descartado implantar ese servicio con la Universidad de Zaragoza, por ejemplo el Ayuntamiento de Cuarte, cuyos servicios jurídicos determinaron que ese mecanismo suponía, en la práctica, adjudicar un contrato a dedo bajo la apariencia de un convenio.

Ahora le toca resolver al juzgado contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza, que es el que tiene en su mano la demanda interpuesta por la empresa valenciana ADN Canino contra el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. El pleito llegó a los tribunales después de que la empresa intentara que el Consistorio ejeano no consumara aquella adjudicación directa. «En noviembre del año pasado se presentó un recurso de reposición, pero el Ayuntamiento de Ejea lo desestimó alegando que solo la Universidad de Zaragoza podía prestar este servicio, cosa que no es cierta», han indicado desde la empresa demandante.