El PSOE sube los impuestos en Aragón para recaudar 100 millones de euros más al año

Desde el Ejecutivo aragonés se justifican argumentando que es imprescindible para mantener el gasto público de la Comunidad, que llega acumulando un abultado déficit desde hace años, por encima del tope máximo permitido a las autonomías por el Gobierno central. Argumenta, además, que la inmensa mayoría de los aragoneses no sentirán en sus bolsillos este aumento de impuestos.

Esta subida de la presión fiscal se articula por varias vías. En unos casos, subiendo los tipos impositivos, en otros eliminando bonificaciones y exenciones que estaban en vigor, y en otros creando nuevos impuestos.

Dará una nueva vuelta de tuerca recaudadora con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales , cuyo tipo impositivo pasa del 7 al 8%, lo que el Ejecutivo regional prevé que le reporte 34 millones de euros más al año.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones elimina bonificaciones y exenciones que se fueron aprobando con el paso de los años, lo que se calcula que supondrá a los aragoneses el pago de unos 12 millones de euros más el próximo año –que se elevarán a 20 millones más que ahora en 2017–.

El Impuesto de Patrimonio también reduce el umbral a partir del cual no se tributaba, lo que supondrá elevar al presión fiscal por este gravamen en 12 millones de euros más cada año.

En el IRPF se incrementa también la presión fiscal para rentas superiores a los 90.000 euros y se suprimen las deducciones que se venían aplicando para quienes tienen contratado un seguro sanitario privado. Con estos cambios, la Administración regional prevé recaudar anualmente 4 millones de euros más.

Además, se implanta el impuesto sobre hidrocarburos , que pasará a recaer en el bolsillo de los particulares en los repostajes, ya que quedan excluidos del gravamen los taxistas, los agricultores y el gasóleo de calefacción. Por esta vía, el Gobierno aragonés recaudará 18 millones adicionales cada año.

Se crean también nuevos impuestos, uno que se aplicará a embalses usados para la generación de energía eléctrica y otro por explotación de redes de alta tensión . El Ejecutivo regional prevé recaudar 12 millones anuales con el primero de ellos, y otros 1,5 millones de euros con el de redes de alta tensión.

Esta subida de la presión fiscal engarza también con la necesidad del Gobierno de Lambán de cumplir su pacto de investidura con Podemos, que incluye un considerable aumento del gasto público en materia asistencial y de prestaciones.