Carlos Esco (izquierda) y Agapito Iglesias, en una de sus comparecencis ante la Audiencia de Zaragoza
Carlos Esco (izquierda) y Agapito Iglesias, en una de sus comparecencis ante la Audiencia de Zaragoza - F. Simón
Tribunales

El PSOE se libra del «caso Plaza», el mayor caso de corrupción juzgado en Aragón

El socialista Carlos Esco, exviceconsejero del Gobierno aragonés, absuelto a dos semanas de las elecciones autonómicas

ZaragozaActualizado:

El PSOE se ha librado del «caso Plaza», el mayor caso de corrupción autonómica juzgado hasta la fecha en Aragón y que salpicaba a la cúpula del Gobierno aragonés PSOE-PAR en la etapa del presidente Marcelino Iglesias. Uno de los miembros de su equipo de confianza, el socialista Carlos Esco, fue procesado por este caso, pero ahora ha sido absuelto por la Audiencia de Zaragoza. No ve pruebas suficientes para incriminarle.

También ha absuelto al constructor Agapito Iglesias y al empresario Carlos Floría. Iglesias y Esco eran dos de los principales acusados de este supuesto caso de corrupción y, junto a Floría, los únicos que rechazaron los pactos que buscó la Fiscalía hasta el último momento con los 25 procesados.

Las acusaciones de la Fiscalía empezaron a tambalearse, surgieron dudas de que su estrategia surtiera realmente efecto condenatorio y eso empujó a los fiscales a cerrar acuerdos con la inmensa mayoría de los imputados: sustanciales rebajas de penas a cambio de que admitieran una cierta culpabilidad. Veintidós imputados aceptaron el ofrecimiento y la inmensa mayoría de ellos cerraron con la Fiscalía acuerdos por los que se les imponían penas menores. La rebaja fue tan sustancial que a uno de los acusados de liderar el entramado de corrupción, Ricardo García Becerril –directivo de la empresa pública Plaza-, pactaron imponerle solo dos años y un día de cárcel, cuando en un principio la Fiscalía había pedido para él 23 años de prisión.

Al final, de los 175 años de prisión que sumaban las peticiones de condena formuladas en su momento por la Fiscalía, el caso ha quedado reducido a condenas por un total de 17 años, y con la absolución de tres de los principales acusados.

El socialista Esco y los empresarios Iglesias y Floría renunciaron a pactar con el fiscal y decidieron ir a juicio. Y, a la vista de la sentencia que acaba de producirse, acertaron en su estrategia, porque han sido absueltos de los cargos que pesaban contra ellos. La última solicitud de penas mantenida por la Fiscalía pedía para esco cuatro años y nueve meses de cárcel, cinco años y diez meses para Agapito Iglesias, y tres años y tres meses de prisión para Miguel Ángel Floría. El tribunal, sin embargo, considera que no pueden ser condenados por falta de pruebas incriminatorias contra ellos lo suficientemente sólidas.

La absolución de Carlos Esco tiene especial calado desde el punto de vista político, porque era la figura clave que vinculaba este proceso con la cúpula del Gobierno aragonés del socialista Marcelino Iglesias. Esco era quien, desde el Ejecutivo autónomo, supervisaba directamente la gestión de la empresa pública Plaza y sus movimientos a más alto nivel. Esco era el eslabón que unía el «caso Plaza» al PSOE, partido que ahora se desprende de lleno de esas sombras de sospecha ante la sentencia absolutoria que acaba de dictar la Audiencia de Zaragoza y que llega, además, a un par de semanas de las elecciones autonómicas. Esco es marido de Eva Almunia, que fue secretaria de Estado en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y candidata a la presidencia del Gobierno aragonés en las autonómicas de mayo de 2011.

A falta de conocer si la Fiscalía recurre este fallo, la sentencia que acaba de producirse confirma el desplome del «caso Plaza», que se convirtió en una macrocausa de corrupción y que ha quedado reducida a una cascada de penas menores y a la absolución de parte de los que fueron acusados como formar parte de la cúpula de ese supuesto entramado de corrupción que tuvo como escenario la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza, controlada por el Gobierno aragonés.

En los informes de acusación que cimentaron este proceso penal se sostuvo que esa trama de corrupción fulminó 147 millones de euros de dinero público, fondos que habrían sido desviados de forma fraudulenta en beneficio de los acusados, aprovechándose de las grandes obras de urbanización de ese gran polígono empresarial promovido a las afueras de Zaragoza. En su día, la Administración autonómica llegó a calcular que el agujero de esos manejos ilegales fue incluso mayor, superior a 200 millones de euros si se contaban todas las ramificaciones de ese entramado corrupto, que dieron lugar a varias causas judiciales añadidas.