Política
El presupuesto pone a prueba al cuatripartito de Lambán: más de 6.000 millones en juego
PSOE, Podemos, la Chunta y el PAR encaran la negociación de las primeras cuentas de la legislatura
El Gobierno de Aragón ha abierto ya el proceso de elaboración de los presupuestos de 2020. Es la primera gran prueba de fuego para el cuatripartito que preside el socialista Javier Lambán , un Ejecutivo que desde el pasado mes de julio comparten el PSOE, los liberales regionalistas del PAR, Podemos y los nacionalistas de izquierdas de la Chunta. Está en juego la gestión de más de 6.000 millones de euros , que tienen un impacto directo en la economía de todos los aragoneses.
Las diferencias ideológicas y programáticas que se dan entre estas cuatro fuerzas se ponen especialmente de manifiesto en materia presupuestaria, en particular en materia de impuestos. Las posiciones más dispares se dan entre Podemos y el PAR, que hasta ahora se habían declarado mutuamente en las antípodas en este particular. Pero la disparidad de criterios no solo se dan entre esos dos partidos. Hay que tener en cuenta que Lambán fue incapaz de aprobar el presupuesto de 2019 –ni siquiera presentó el proyecto presupuestario-, porque no logró pactarlo con Podemos en la recta final de la anterior legislatura. De ahí que, durante el presente año, el Ejecutivo aragonés se tenga que sostener con las cuentas prorrogadas de 2018.
Superar las acusadas diferencias que se dan entre los socios del cuatripartito en materia de política económica y presupuestaria es el gran reto al que se encuentra el Ejecutivo de Lambán para elaborar las cuentas de 2020, las primeras de esta legislatura. Frente a quienes dudan, él da por hecho que no va a haber problema y ya ha dado por seguro, públicamente, que el proyecto de presupuestos de 2019 se presentará en otoño y que será aprobado en las Cortes para que esté en vigor el 1 de enero con el concurso de las cuatro formaciones que conforman el Gobierno de Aragón.
Tras las elecciones autonómicas de mayo, el acuerdo de legislatura que acabaron pactando el PSOE, Podemos, la Chunta y el PAR estableció unas líneas básicas que dicen compartir las cuatro fuerzas, pero sin descender al detalle, que es justo lo que ahora exige la elaboración de las cuentas del Gobierno aragonés para 2019. De ahí que sea la primera gran prueba de fuego del cuatripartito: el presupuesto aclarará la capacidad de acuerdo y de cesiones de unos y otros en materias especialmente sensibles, como si aumenta o se contiene el gasto público, si aumenta o no la presión fiscal o de cómo se reparte el presupuesto entre unas y otras consejerías, tras el reparto de poder que pactaron esos cuatro partidos para conformar el Ejecutivo autonómico.
La cuestión es crucial, por varios motivos. En primer lugar, porque el presupuesto es la columna vertebral de la gestión del Gobierno , el que fija el margen de maniobra económico que tiene el ejecutivo y tiene un impacto directo en la economía, en el tejido productivo del territorio. En segundo lugar, porque el diseño de las cuentas refleja los principios programáticos e ideológicos de todo gobierno, y en este caso toca poner de acuerdo a cuatro partidos de posiciones dispares. Y, en tercer lugar, porque estos presupuestos reflejarán también la cuota de poder económica y de gestión que le va a corresponder a cada uno de los socios de este cuatripartito.
El presupuesto de Aragón ronda actualmente los 6.200 millones de euros , pero se da por seguro que el que se elabore ahora será superior. De todo el dinero que gasta el Gobierno regional, en torno al 20% lo hace al debe, con dinero prestado que engorda progresivamente la deuda financiera del Ejecutivo autónomo. Este año, en solo cinco meses –de enero a mayo-, el Gobierno aragonés tuvo que pedir prestados algo más de mil millones de euros para cuadrar sus cuentas.
De los alrededor de 6.200 millones a que asciende el actual presupuesto prorrogado del Gobierno aragonés, 2.000 millones corresponden a la Consejería de Sanidad y unos mil millones al área de Educación y Cultura. Además, la deuda pública que acumula el Gobierno regional ya le cuesta a los aragoneses más de mil millones de euros anuales , entre intereses y amortizaciones obligatorias.
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