El precio del agua subleva a los aragoneses en una rebelión fiscal sin precedentes

Aragón ha vivido una movilización social sin precedentes contra un impuesto. Y, también, asiste estos días a una reacción igualmente sin precedentes por parte de una administración pública que, acorralada por las protestas a pie de calle y apurada por la presión política, ha decidido recular -aunque está por ver cómo se sustancia esa rectificación prometida-.

El impuesto no va a desaparecer -insiste el Gobierno aragonés-, pero promete modificarlo para hacerlo más llevadero . No ha detallado cómo piensa recalcular este gravamen, en qué medida va a suponer una rebaja de la recaudación ni cuándo la aplicaría. El Ejecutivo PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán lo negociará políticamente con Podemos , su «muleta» parlamentaria con la que este gobierno capea su minoría en las Cortes de Aragón.

Lambán ha sido el que, personalmente, ha salido a prometer una revisión del polémico ICA, lo que da idea de la dimensión política del asunto y del temor a que sea un desgaste político a menos de año y medio de la próxima cita con las urnas municipales y autonómicas. Pero el problema viene de lejos . y, de una u otra forma, salpica a los dos grandes partidos que durante décadas se alternaron al frente del Gobierno regional en compañía del PAR.

El ICA hace años que se cobra. Hace mucho tiempo que Aragón cobra a los aragoneses por la «contaminación de las aguas». Pero la resignación cundió hasta que el Ejecutivo autónomo, en esta legislatura, se propuso acabar con la excepcionalidad en la que estaba instalada Zaragoza capital: todos los aragoneses pagaban el impuesto, menos los residentes en la gran ciudad .

El gobierno municipal de la órbita de Podemos, encabezado por el alcalde Pedro Santisteve, hizo de la oposición al ICA un «casus beli» en sus relaciones con el Ejecutivo de Lambán. Al final se buscó una solución de compromiso y el Gobierno aragonés logró girar los recibos del impuesto a los zaragozanos en la recta final del año pasado. Pero la polémica se había trasladado a la calle, la contestación social se había disparado, nació una plataforma para liderar la rebelión fiscal contra el ICA -la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)- y el problema subió peldaños.

Todo esto, a su vez, con el telón de fondo del escándalo de las depuradoras de aguas residuales que salpican el mapa aragonés, una red de plantas de tratamiento sobredimensionadas en la que se dilapidan millones de euros cada año, que han estado rodeadas de una sombra de sospecha por su ineficencia y su sobrecoste. Un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón evidenció el disparatado gasto público de estas depuradoras, lo que costó construirlas, lo que cuesta mantenerlas y lo sobredimensionadas que está esta red que se diseñó e impulsó desde finales de los años 90, bajo la dirección del PAR -partido que alternó gobiernos con el PSOE y el PP como «partido bisagra» de la política aragonesa-.

El caso es que, al final, el ICA ha acabado en rebelión: una avalancha de más de 24.000 recursos de contribuyentes que ponen a la Administración regional contra las cuerdas, y un 40% de zaragozanos que devolvieron los primeros recibos que les llegaron de este impuesto a finales del año pasado. Este fin de semana, además, manifestación que recorrerá las calles de Zaragoza para repudiar el ICA.

La plataforma que lidera el rechazo al Impuesto de Contaminación de las Aguas de Aragón insiste en que no le valen las promesas de que se retocará ese impuesto. Así que el conflicto tiene visos de seguir adelante. Esa coordinadora denuncia que los aragoneses son, con mucha diferencia, los que más pagan por el agua en toda España.

Por si eso fuera poco, ante la ola de protestas, cada vez más ayuntamientos pequeños se han decidido a alzar la voz y a sumarse a esa rebelión fiscal contra el ICA. Son municipios que consideran inadmisible tener que pagar un impuesto por depuración de aguas cuando sus localidades aún no cuentan con depuradoras ni saben cuándo las tendrán.

Este impuesto dispara considerablemente el coste que ciudadanos y empresas pagan por el agua en Aragón. Los particulares, los usuarios domésticos, pagan un fijo de 5,095 euros al mes por el ICA y un varaible según el agua que han consumido, a razón de 0,614 euros por metro cúbico. En el caso de contribuyentes industriales, la parte fija del recibo asciende a 19,162 euros al mes, y la variable se rige por una tabla que varía según las sustancias con las que trabajan y que, por tanto, vierten teóricamente al alcantarillado.