El PP tiende la mano al PSOE para pactar el recorte de los gobiernos comarcales

Estas propuestas del PP las ha trasladado a las Cortes regionales en forma de una proposición no de ley en la que insta a todos los grupos políticos a reabrir el debate sobre la reforma del mapa institucional de una Comunidad autónom a en la que la Administración periférica del Estado convive con la Administración autonómica, con tres diputaciones provinciales, 721 ayuntamienots y 32 comarcas, cada una de ellas dotada de su propio gobierno y miniparlamento, los consejos comarcales.

Al igual que las diputaciones, los escaños de los consejos comarcales están formados por alcaldes y concejales que son designados por los distintos partidos. Actualmente en Aragón hay, además de los 67 diputados autonómicos de las Cortes regionales, 78 diputados provinciales y 791 consejeros comarcales.

La estructura comarcal nació hace quince años, pero desde hace tiempo es objeto de controversia por el coste político que conllevan. En pagar a sus presidentes, vicepresidentes y consejeros comarcales se van anualmente del orden de tres millones y medio de euros.

Cuando el PP llegó al Gobierno regional, en julio de 2011, anunció una reforma de las comarcas y la supresión de buena parte de sus cargos políticos. Se planteó la eliminación de al menos una tercera parte de esos casi 800 escaños. Sin embargo, en los cuatro años que duró la legislatura no logró sacar adelante esa reforma.

Cuando le relevó el PSOE al frente del Ejecutivo aragonés, en julio del año pasado, su presidente, Javier Lambán, abogó por acometer la reforma de las comarcas. Hasta ahora, sin embargo, no ha cuajado tampoco en forma de proyecto de ley o de iniciativa parlamentaria alguna.

El socialista Lambán también aboga por acabar con los 800 escaños de consejeros comarcales y que estas instituciones funcionen de forma similar a las mancomunidades, dirigidas por los alcaldes de cada zona. En esencia, es muy similar a lo que ahora propone el PP.

Sin embargo, queda la duda de si PP y PSOE se pondrán de acuerdo en este asunto. Y es que, al igual que el PP estaba atado por sus pactos con el PAR durante la pasada legislatura —el PAR es firme defensor de las comarcas—, el PSOE depende ahora de un gobierno de coalición con la Chunta y con el apoyo de Podemos en el Parlamento regional. La Chunta también defiende las comarcas, a las que quiere dar más peso, y aboga por eliminar las diputaciones provinciales.

El diputado regional del PP y presidente provincial de este partido en Zaragoza, Luis María Beamonte, insiste en que urge adelgazar la estructura política de las comarcas y rediseñar el mapa institucional de Aragón para delimitar con más claridad las competencias del Gobierno regional, de las diputaciones y de las comarcas.

«Las comarcas deben ser prestadoras de servicios y reducir su carga política», afirma Beamonte. Entre otras medidas, propone acabar con los actuales consejeros comarcales que suman 791 escaños, y que esa dirección política de las comarcas las asuman los alcaldes de cada zona. Eso, de entrada, supondría eliminar casi cien cargos políticos.

«El sistema actual es francamente mejorable» , insiste Beamonte, quien subraya que es necesario revisar el modelo comarcal para hacerlo «más barato y más eficaz».