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Corrupción

Piden cárcel para la alcaldesa de un pueblo de Zaragoza por prevaricar con un coto de caza

La Fiscalía considera que adjudicó ilegalmente la zona a una sociedad de cazadores dirigida por su familia

Vista de la pequeña localidad de Aranda de Moncayo (Zaragoza)

R. P.

Tres años de cárcel por, supuestamente, haber adjudicado ilegalmente un coto de caza en beneficio de una sociedad cinegética dirigida por su familia. Es la pena que la Fiscalía solicita que se le imponga a Rosario Cabrera, alcaldesa socialista de la pequeña localidad zaragozana de Aranda de Moncayo , de apenas 180 vecinos.

El caso fue denunciado por otra sociedad de cazadores que se vio injustamente perjudicada durante el proceso de adjudicación de ese coto de caza. Tras verse apartados de la licitación por el Ayuntamiento, vieron cómo en 2016 la alcaldesa adjudicaba el coto de caza a esa entidad dirigida por sus familiares directos.

Además de ser denunciado por la vía penal, el caso llegó también a la jurisdicción contencioso-administrativa, que determinó que la licitación había sido irregular y que debía ser anulada.

Ahora queda por dirimir las responsabilidades penales de todo aquello. La Fiscalía considera que la alcaldesa se saltó la ley para beneficiar a la sociedad de cazadores dirigida por su familia. Ella lo niega, proclama su inocencia, defiende la legalidad y transparencia del procedimiento y pide su libre absolución por entender que no incurrió en responsabilidad penal.

Según el fiscal, entre las anomalías detectadas figura la adjudicación a la sociedad de cazadores dirigida por su familia pese a que ésta no cumplía los requisitos imprescindibles y que la Secretaría municipal había emitido informes advirtiendo de las ilegalidades.

Además, se indica que la esa sociedad de cazadores que resultó beneficiada también contó luego con un trato irregular que le permitió ahorrarse casi 20.000 euros en detrimento del Ayuntamiento, porque éste le cobró menos de lo establecido por la explotación de ese coto de caza.

La Fiscalía entiende que la alcaldesa incurrió en un delito de prevaricación y en otro de malversación de caudales públicos, y pide que sea condenada a tres años de prisión y a siete de inhabilitación para optar u ocupar cargos públicos.

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