Piden 9 años de cárcel y 13 millones de euros para tres exdirectivos de la CAI

Caja Inmaculada acabó económicamente asfixiada y terminó absorbida por Ibercaja con ayudas estatales para la banca que se arbitraron a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria.

La Fiscalía considera probado que los tres imputados pusieron en común una serie de operaciones societarias en su beneficio particular y en perjuicio de la CAI, aprovechando promociones inmobiliarias que realizaron en el sur de España.

Acabaron siendo ruinosas, pero cuando la Caja Inmaculada se vio forzada a salirse de esas inversiones, las operaciones llevadas a cabo para ello también fueron aprovechadas por ellos en perjuicio de la entidad.

Por estos hechos serán juzgados la próxima semana, además de Tomás García Montes , el que fue subdirector general de la CAI, miembro de su consejo de administración y presidente de la filial CAI Inmuebles, Javier Alfaro Navarro ; y Ramón Marerro Gómez , que disfrutaba en aquellos años -entre 2005 y 2009- de un abultado contrato profesional como delegado de la CAI para negocios inmobiliarios en el sur de España.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de prisión por un delito continuado de administración desleal. Además, reclama que se le imponga a Tomás García Montes una indemnización de 233.155 euros; otra de 221.472 euros para Javier Alfaro; y otra más de 12,63 millones de euros para Ramón Marrero, que éste deberá abonar de forma solidaria con Javier Alfaro -es decir, que respondan conjuntamente ambos de esta indemnización multimillonaria para resarcir los daños económicos causados a Caja Inmaculada-.

Entre los hechos probados, la Fiscalía apunta que esos altos ejecutivos hicieron que la CAI pagara a Ramón Marrero un millón y medio de euros cuando resolvió su contrato, pese a que previamente había llevado a cabo operaciones societarias que le habían ocasionado un perjuicio de más de 10 millones de euros a la entidad.

Esos altos directivos, por su parte, se beneficiaron directamente de parte de esos manejos inmobiliarios. Según relata la Fiscalía, tanto Tomás García Montes como Javier Alfaro compraron a una de las sociedades inmobiliarias de la CAI sendas viviendas con garaje en la costa gaditana, en El Puerto de Santa María, pagando por ellas la mitad de lo que realmente valían.

Asimismo, en el año 2007, Tomás García, Javier Alfaro y Ramón Marrero contrataron para ellos y sus familias -11 personas en total- un viaje a Egitpo que costó 195.739 euros y que cargaron íntegramente a las cuentas de varias sociedades pertenecientes a la CAI .