El «pacto de Figueruelas» salva 10.000 empleos y 8.000 millones de euros anuales

La planta de Figueruelas, población situada a menos de 30 kilómetros de la capital aragonesa, estaba en el aire si el proceso negociador no hubiera acabado en acuerdo. El riesgo lo anotó abiertamente la dirección de la compañía, era un peligro que asumían como cierto los propios trabajadores y que compartían en forma de indisimulada preocupación en el Gobierno central y en el autonómico. Y, por supuesto, en las decenas de empresas de componentes que dependen de la factoría aragonesa de Opel.

El acuerdo alcanzado la pasada noche salva una gran porción de la riqueza económica de Aragón y de su tejido social. De entrada, garantiza el mantenimiento de los 5.400 puestos de trabajo de esta factoría de Opel . Y salvaguarda también los entre 3.000 y 5.000 empleos indirectos que dependen de ella y que se localizan en esa gran red de empresas auxiliares que viven de lo que le suministran a la multinacional. En total, alrededor de 10.000 empleos.

Pero la repercusión es aún mayor. Además de esos empleos ligados a esta gran factoría -la mayor fábrica de Aragón-, la deslocalización anunciada por la dirección de Opel en caso de desacuerdo habría tenido efectos aún más amplios. De una u otra forma, su onda expansiva habría sido sentida por el tejido industrial de la automoción, que prosperó en Aragón al calor de Opel y del que actualmente dependen 25.000 puestos de trabajo . Aunque la mayor parte no dependen diretamente de Opel, una deslocalización habría dañado la imagen y habría generado efectos en cadena de preocupante dimensión, según reconocen desde el propio sector.

Además, entre la actividad de Opel y el efecto que irradia en el conjunto de la economía aragonesa, se calcula que la factoría de Figueruelas incide en el 23% del PIB regional. Es decir, unos 8.000 millones de euros anuales .

Opel cambió de manos el año pasado. Desde el 1 de octubre, las riendas de la compañía las tomó a todos los efectos su nuevo dueño, el gigante francés PSA (Peugeot-Citröen) , que compró Opel a la estadounidense General Motors (GM) con el inmediato reto de reflotar las cuentas de la marca.

Escasas semanas después arrancó la negociación del nuevo convenio colectivo de la factoría de Figueruelas. Y la dirección de Opel, siguiendo las instrucciones de PSA, dejó claro que cualquier acuerdo pasaba por un recorte de costes de producción -salarios incluidos-.

Las negociaciones se prolongaron durante tres meses sin éxito, y encallaron peligrosamente la semana pasada . Los desencuentros condujeron a una ruptura de las negociaciones. Los sindicatos las dieron por suspendidas, y la empresa contestó con una advertencia inquietante: un ultimátum de cuatro días para alcanzar el acuerdo, plazo que expiraba a las doce de la noche de este lunes. Opel advirtió que, si no había acuerdo, el emblemático modelo Corsa dejaría de fabricarse en Figueruelas y suspendería las inversiones previstas para la planta.

Al final, el acuerdo desactivó la amenaza apenas tres horas antes de que expirara el plazo marcado como ultimátum por la multinacional. El acuerdo ha sido fundamental para la economía aragonesa, porque si Figueruelas hubiera perdido la fabricación del Corsa, la planta hubiera quedado mortalmente herida. Se temía que fuera el principio del fin.

Con el pacto de la pasada noche, el futuro queda despejado para los próximos cinco años. A partir de ahí, a seguir siendo competitivos. PSA lo ha dejado claro: hay que reconducir los costes estructurales para adaptarlos a una nueva filosofía de negocio en cuyo paisaje entran el resto de factorías del gigante automovilístico francés -lo que abarca las que tiene en Vigo y en Villaverde (Madrid), pero también las localizadas en el resto de Europa y en el vecino Marruecos, donde PSA ha previsto reforzar su presencia industrial -.

Pero, hipótesis de futuro al margen, el acuerdo alcanzado ahora despeja dudas para los próximos cinco años. La capacidad negociadora se ha saldado con un acuerdo que todas las partes aplauden como satisfactorio: los trabajadores aceptan apretarse el cinturón salarial a cambio de garantizar cinco años de factoría trabajando a pleno rendimiento, a razón de 478.000 coches fabricados cada año.