En 2018, el sector público español dedicó a inversión en obra pública menos del 2% de todo lo que gastó
En 2018, el sector público español dedicó a inversión en obra pública menos del 2% de todo lo que gastó - J. J. Úbeda
Infraestructuras

Licitaciones por los suelos: España lleva siete años dedicando a obra pública menos del 1% del PIB

El esfuerzo inversor del Estado, CCAA y entidades locales, sigue en mínimos históricos mientras crece el gasto estructural

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España sigue sacrificando la inversión pública en sus deficitarias cuentas, mientras no deja de aumentar su gasto estructural en apartados como los sueldos o los costes ordinarios de funcionamiento de sus servicios públicos y aparatos burocráticos. Tras más de cinco años de crecimiento económico, las administraciones públicas españolas mantienen aletargada la obra pública. El año pasado, el presupuesto que nuestro país dedicó a licitación oficial representó solo el 0,72% del PIB. La Administración no invierte en obra pública ni el 2% de todo lo que gasta. En 2018, el presupuesto de la licitación oficial supuso el 1,75% del gasto público no financiero -que es todo el gasto público, sin contar amortizaciones de deuda-.

El año pasado, en vez de remontar, el esfuerzo inversor en infraestructuras se contrajo. Si en 2014 había llegado al 0,89% del PIB, y en 2017 se había situado en el 0,87%, en 2018 retrocedió hasta el 0,72%. Es casi cuatro veces menos de lo que se dedicaba hace veinte años; seis veces menos de lo que se destinó en 2006; y menos de la mitad de la inversión media que se dio durante la crisis, entre 2008 y 2014. Es decir, más de cinco años después de que España diera carpetazo a la recesión, sigue dedicando a obra pública menos de lo que destinaba durante la crisis.

En cifras absolutas, la comparativa todavía es más elocuente: en 2018, las licitaciones oficiales sumaron apenas 8.720 millones de euros, cuando en 2006 superaron ligeramente los 44.000 millones, y hace veinte años rondaban los 16.000 millones -que contando el IPC equivaldrían, hoy en día, a 29.000 millones de euros-.

Acelerón preelectoral del Gobierno

Está por ver lo que ocurre este año, aunque no se atisba un cambio de tendencia al respecto. Al menos no a la vista de cómo arrancó el ejercicio. Hasta ahora solo se tienen datos oficiales de los dos primeros meses, datos que -eso sí- dejan una curiosidad: el Gobierno de Pedro Sánchez se apresuró a licitar obra pública en vísperas de las elecciones. Entre enero y febrero licitó cinco veces más que en los mismos meses de 2017: 1.500 millones, frente a 303. Aun con todo, de momento ese incremento del preupuesto dedicado a licitaciones no deja de ser anecdótico, a la vista de los datos de conjunto que ofrece la inversión en infraestructuras. Y esto no solo afecta a las empresas que se dedican a esas construcciones, sino que extiende su efecto al conjunto de la economía.

El hundimiento del esfuerzo inversor en obra pública -recuerdan los expertos- tiene un doble impacto: de una parte, lo que se pierde en actividad económica y empleo en el sector de la construcción; de otra, la pérdida de competitividad por contar con redes de infraestructuras menos desarrolladas.

Respecto a la primera vertiente, la consultora internacional A.T.Kearney apunta que las obras de infraestructuras «generan 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, y se consigue un retorno fiscal del 49% por cada euro que se invierte».

Efectos en cadena

Por su parte, la patronal Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, afirma que ya se está sintiendo una merma de la competitividad económica por la escasa inversión en infraestructuras, no solo de nueva construcción sino también de mantenimiento. «Se van a ver afectados sectores claves que sustentan la recuperación económica, como el turismo y las exportaciones», afirman desde el departamento de Estudios de Seopan. Y advierten que ese «déficit actual en infraestructuras» tiene otros efectos añadidos: «la ampliación de la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas, la reducción del bienestar social del ciudadano, mayores costes externos de transporte y la pérdida de impulso económico, debido a la menor actividad inducida, menor creación de empleo y menor retorno fiscal».

El año pasado, el sector público se gastó medio billón de euros -sin contar amortizaciones de deuda, que se pagan a costa de firmar nuevo endeudamiento-. Pues bien, de ese medio billón de euros gastado, ni siquiera 9.000 millones se dedicaron a licitaciones oficiales de obra pública.

Rezagados

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha puesto su mirada en este asunto. En un reciente informe de análisis, ha apuntado que el umbral en el que se está situando la inversión pública en España «podría ser incompatible con la reposición del capital existente en infraestructuras». Más aún teniendo en cuenta el escenario de previsiones que se manejan para los próximos cuatro años, hasta 2022, y que colocan a España muy por debajo de la inversión pública de países europeos como Francia o Alemania.

Seopan insiste en que es preciso acabar con esta atonía, que el sector público español debe remontar con urgencia su esfuerzo en licitaciones oficiales y que ese ha de ser un compromiso compartido, de inmediato, por todas las administraciones públicas. Es decir, no solo por el Estado sino también por los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y las diputaciones.

Actualmente, la Administración del Estado soporta aproximadamente la tercera parte de la inversión en obra pública. El resto son proyectos impulsados por las entidades territoriales. Seopan cree que, teniendo esto en cuenta, el Estado debería aumentar el volumen de licitación oficial en 0,9 puntos del PIB, en un 0,8 las comunidades autónomas, y en un 0,5 las administraciones locales. Es decir, que el sector público, en su conjunto, tendría que multiplicar por cuatro lo que dedica actualmente a licitación oficial.

Y esto en el trazo grueso, porque si se desciende al detalle se observan las grandes diferencias que se dan entre unas y otras comunidades autónomas. En esto hay un componente coyuntural -cuando se tiende una gran obra de infraestructuras, aso de una línea del AVE, aumenta mucho la inversión pública en aquellas regiones por las que discurre-. Pero también hay una variable estructural, con regiones que tradicionalmente sobresalen de forma más o menos sistemática.

Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas

Sea por uno u otro factor, lo cierto es que, en los cinco últimos años, Andalucía y Cataluña han sido, con mucha diferencia, las dos regiones en las que más se ha invertido en obra pública. Contando todo lo destinado a licitación oficial en España por parte de todas las administraciones, el 14,38% se lo ha llevado Andalucía y el 13,4% Cataluña. Le ha seguido Madrid, con un 11,86%, y el País Vasco, con un 11,37%. Contrasta con el 7% que ha recalado en la Comunidad Valenciana y en Galicia, con el 3,11% que ha ido a parar a Baleares, o con el 3,35% de Extremadura. De esta disparidad hay más ejemplos, caso del contraste que se da entre las dos Castillas. Así, mientras Castilla-La Mancha ha concentrado el 2,06% de todo lo que España ha dedicado a licitación oficial en el último quinquenio, Castilla y León se ha llevado el 5,62%.