Aragón ratifica por decreto la paga de 522 euros para inmigrantes irregulares

La ley se promulgó en mayo y, ahora, el Gobierno de Lambán acaba de publicar el decreto con el que la desarrolla y que permite aplicarla en la práctica. Pese a que había planeado aprovechar ese decreto para excluir a los inmigrantes irregulares, al final el que ha aprobado establece que, para acceder al ingreso mínimo vital de Aragón, solo se exigirá la residencia efectiva, no la legal.

Todo el que viva en Aragón «en situación de vulnerabilidad económica» tendrá garantizada una renta mínima de 522 euros mensuales, importe que puede ser mayor según las condiciones personales de los beneficiarios. Los inmigrantes irregulares –y esta es la gran novedad de esta ley aragonesa de protección social– pasan a estar incluidos en la lista de beneficiarios, en igualdad de condiciones que el resto de residentes legales, españoles o extranjeros.

En mayo, cuando se promulgó esta nueva ley aragonesa y ABC destapó esa sustancial novedad, el Gobierno de Lambán atacó duramente a este diario , se llegó a calificar la noticia de falsa y el Ejecutivo regional negó lo que la propia ley indicaba, que los ‘sin papeles’ pasaban a tener garantizado un salario mínimo en Aragón.

La ley acababa de ser aprobada en las Cortes de Aragón con los votos a favor del PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR –el Gobierno cuatripartito de Lambán– y también por Ciudadanos e IU . El PP y Vox se abstuvieron, así que la ley salió adelante sin ningún voto en contra.

Tras la polémica que siguió a la información de ABC, los populares fueron los únicos que reconocieron que, cuando se abstuvieron, no habían reparado en ese sustancial detalle de la ley. Todos los demás, al sentirse comprometidos por la polémica, salieron en tromba contra este dario, negaron lo que en realidad habían votado e intentaron desmentir lo que la ley promulga.

Después de aquella campaña de ataques contra ABC se produjo otro bandazo del gabinete de Lambán : en verano, el Ejecutivo autónomo cambió de criterio y maniobró para enmendar, por la vía del decreto , ese controvertido apartado de su nueva ley autonómica del ingreso mínimo vital. Pese a que el principio jurídico de la jerarquía normativa impide que un reglamento vulnere o restrinja la ley que desarrolla, el Gobierno de Lambán se embarcó en tramitar un proyecto de decreto en el que pasaba a exigir la «residencia legal en España», en vez de la mera «residencia efectiva en Aragón».

Como informó ABC el pasado septiembre, ese proyecto de decreto contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Administración autonómica y, tras semanas de tramitación, quedó listo para su aprobación en Consejo de Gobierno regional. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo de Lambán se ha vuelto a desdecir y ha prescindido de ese proyecto de decreto : el que ha aprobado finalmente, y acaba de publicar en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), consuma el requisito de la «residencia efectiva», para incluir entre los beneficiarios a los inmigrantes irregulares.

El decreto que acaba de publicar el Gobierno de Lambán es nítido al respecto. En su lista de requisitos indica: «Tener residencia efectiva en Aragón» , y cita dos leyes, una estatal y otra autonómica, para reforzar su decisión. Pero no hace mención alguna a la Ley de Extranjería , la que en mayo se apresuró a exhibir el gabinete de prensa de Lambán para atacar a ABC y decir que los 'sin papeles' no iban a cobrar el ingreso mínimo vital de Aragón. Llegó a asegurar que se iba a exigir «el permiso de residencia» al amparo de la Ley de Extranjería, pero esa condición en ningún caso aparece recogida como requisito en el decreto que acaba de promulgar el Gobierno de Lambán.