Lambán aprueba un convenio que hipoteca al futuro Gobierno de Aragón en casi 800 millones de euros

El acuerdo que acaba de publicitar el gabinete de Lambán obliga al Gobierno de Aragón a pagar a la Universidad de Zaragoza 1.082 millones de euros hasta el año 2026. Es decir, en cinco años. Pero desde junio de 2023 hasta diciembre de 2026, tendrá que pagarlo el futuro Ejecutvo regional, lo que supone casi 800 millones.

Además, el importe no es líneal, no es el mismo todos los años, sino que las anualidades irán engordando conforme pase el tiempo. Se empieza pagando 182,2 millones de euros, pero la última anualidad ascenderá a 219,8 millones, según ha reconocido el Ejecutivo que el PSOE de Lambán comparte con Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR.

El contenido de este pacto de financiación supone, por tanto, que el Gobierno que lo ha firmado no será el que tendrá que pagarlo. Lo rentabiliza políticamente ahora, pero la cuenta la tendrá que digerir el futuro Ejecutivo regional. Además, tendrá que capear con unas arcas autonómicas hipotecadas: el Gobierno de Aragón ha pedido prestados 5.152 millones en cuatro años para poder mantenerse a flote.

Pese a la crisis y al disparado aumento de la deuda pública de Aragón , el Gobierno de Lambán no ha escatimado con la Universidad, a sabiendas de que la factura la tendrá que pagar quien gobierne la próxima legislatura. El nuevo acuerdo de financiación de la Universidad de Zaragoza, que se ha adoptado cuando falta poco más de un año para que acabe el actual mandato, aumenta un 30% los fondos a pagar al campus público aragonés, un 30% más de lo que le ha venido abonando hasta ahora.

«El acuerdo mejora en un 30% el modelo vigente y permitirá por primera vez al campus cubrir todos sus gastos corrientes en el horizonte de cinco años para una educación superior de calidad y futuro», dice el comunicado oficial del Gobierno de Javier Lambán, que presume de este acuerdo que ha aprobado siete años después de que accediera a la presidencia de Aragón.

«El nuevo modelo dará estabilidad y seguridad económica al campus público, ayudará a combatir la precariedad y reducir la temporalidad, consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior, e impulsará a la Universidad como motor de la innovación y la economía del conocimiento en la que ha de sustentarse el futuro de Aragón», dice el mismo comunicado.