La Justicia prepara el envío de las Fuerzas de Seguridad del Estado al Museo de Lérida

El caso lo lleva el juzgado número 1 de Huesca. En abril de 2015 sentenció en primera instancia que la Generalitat, entre 1983 y 1994, compró ilegalmente 97 obras de arte del Monasterio de Sijena, que se apropió de ellas de forma ilícita. Tras esa sentencia, Aragón reclamó que se ejecutará provisionalmente la sentencia, y la Justicia lo aceptó. De ahí que ordenara a la Generalitat la entrega de esas 97 piezas, para que volvieran a estar en el Monasterio de Sijena, monumento nacional. Sin embargo, las autoridades catalanas se han resistido a cumplir con esta orden de forma persistente.

En junio del año pasado, la misma juez de Huesca dio un ultimátum a la Generailtat que, sin embargo, el Gobierno catalán incumplió. Estableció que a finales de junio debían haber sido devueltas esas 97 piezas. Sin embargo, la Generalitat solo entregó 51, y horas después de que hubiera expirado el plazo dado por la Justicia. Otras dos obras de arte dicen las autoridades catalanas que no saben dónde estan. Y las 44 restantes son las que se le reclaman de nuevo para que las entregue de forma inmediata.

Ahora, un año después, ha llegado otro ultimátum judicial para esas piezas que no han regresado a Aragón todavía. Las que volvieron estaban en el barcelonés MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) . Las 44 que se esperan ahora se encuentran en el Museo de Lérida , o al menos así había sido hasta ahora. Por si hubieran sido objeto de traslado o movimiento desconocido, la juez de Huesca ha ordenado a la Generalitat que le diga, nítidamente y este mismo viernes, dónde están esas piezas, con exactitud y de forma detallada.

La localización judicial de esas 44 obras de arte forma parte de los preparativos que está llevando a cabo la Justicia para mandar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a rescatar esa colección para poder trasladarla a Aragón, en caso de que expire el ultimátum el próximo lunes y las autoridades catalanas no lo hayan cumplido.

De consumarse ese desacato, la Justicia también emprenderá acciones penales contra las autoridades y funcionarios de la Generalitat que hayan participado en dicha rebeldía. En el punto de mira están, entre otros, el consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, que lleva menos de un mes en el cargo.

El abogado que defiende los intereses de Villanueva de Sijena, Jorge Español, cree que finalmente la Generalitat no va a consumar el desacato y va a evitar un enfrentamiento con la Justicia que entraría en el terreno penal. En cualquier caso, Jorge Español confía en que, si se diera ese desacato, la juez de Huesca enviará a las Fuerzas de Seguridad y actuará judicialmente contra las autoridades catalanas responsables de esta situación.