El Ingreso Mínimo Vital tendrá un sobrecoste en Aragón de 30 millones de euros

Hasta la entrada en vigor del IMV, cada comunidad autónoma tenía su propia renta de subsistencia, que garantizaba una paga de protección social a personas con bajos recursos económicos. En esta comunidad se llamaba Ingreso Aragonés de Inserción, que durante este año aún se abona de forma transitoria durante el presente año, mientras se implanta en su totalidad el nuevo modelo del IMV.

En teoría, ese tipo de prestaciones autonómicas pasan a quedar cubiertas con el nuevo Ingreso Mínimo Vital creado por el Estado. Es decir, que las autonomías ya no iban a tener que costear esa renta social, porque la asumían las arcas estatales.

Pero Aragón ha decidido mejorar sustancialmente la renta mínima fijada por el Estado, para que se puedan beneficiar más personas y para que, quienes la cobran, puedan percibir un extra por encima del importe que se abona a nivel nacional. Todo ello queda recogido en una ley autonómica complementaria del IMV estatal . Esta ley regional, para la que ahora se está ultimando el decreto de aplicación, fue aprobada por las Cortes de Aragón el pasado mayo. La promovió el Gobierno cuatripartito PSOE-Podemos-Chunta-PAR que preside el socialista Javier Lambán y la ley salió adelante sin ningún voto en contra: Cs e IU votaron a favor, y el PP y Vox se abstuvieron.

Según el informe oficial del Gobierno regiona en el que se evalúa el impacto económico que tendrá esta ley , va a suponer un coste para las arcas autonómicas de unos 30 millones de euros anuales.

A mediados de 2020 eran un total de 8.000 los habitantes de Aragón que cobraban el antiguo Ingreso Aragonés de Inserción –que el año pasado supuso un desembolso de 47 millones de euros–. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, el 79% de aquellos beneficiarios pasan a estar cubiertos ahora por el nuevo IMV estatal. El gasto público se mantiene, pero se paga desde Madrid, en vez de desde Zaragoza. Pero, a partir de ahora, sobre ese coste que asume el Estado, hay que sumar el que se deriva de los extras que ha decidido abonar Aragón por su cuenta.

Según el mismo informe oficial del Gobierno regional, a Aragón se le irán casi 19 millones de euros al año para pagar íntegramente la prestación unas 2.700 personas que antes sí podían acceder al Ingreso Aragonés de Inserción pero que, ahora, no cumplen los requisitos que marca el nuevo IMV estatal.

Y, además, entre quienes tengan derecho esta prestación estatal, Aragón prevé repartir anualmente otros 11,48 millones de euros en forma de complementos extra con los que aumentar el importe que perciben del Estado.