Un informe oficial destapa el abandono de los geriátricos de Aragón en lo peor de la pandemia

En sus conclusiones pone en evidencia la excesiva mortalidad que se ha producido en los geriátricos aragoneses . Desde que empezó la pandemia, el 70% de los que han fallecido en Aragón por el Covid-19 eran ancianos de residencias. En la primera oleada, en lo peor del coronavirus, la cifra llegó a superar el 80% y esta región sobresalió a nivel nacional en porcentaje de muertes en geriátricos. Hasta la fecha, Aragón suma 1.354 muertos por coronavirus, de los que más de 900 eran ancianos que vivían en residencias, según las últimas cifras oficiales publicadas por el Gobierno regional que preside el socialista Javier Lambán en coalición con Podemos, el PAR y la Chunta.

El Justicia de Aragón, el exjuez Ángel Dolado , advierte que ese volumen de defunciones en residencias que se ha producido en Aragón «no tiene una correlación lógica» con el impacto que ha tenido el Covid-19 con carácter global en esta región. Y también ha sido desproporcionadas «las situaciones de deterioro y sufrimiento» que se han dado en las residencia de ancianos de Aragón durante la pandemia, «lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición».

El Justicia enumera graves carencias que afloraron en los geriátricos durante la pandemia, en unos casos por inacción del Gobierno aragonés y en otros por deficiencias de planificación de las propias residencias, tanto públicas como privadas. Hay que tener en cuenta que, con carácter ordinario, el Gobierno regional es quien tiene las competencias de control y supervisión de las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas.

Entre otras graves carencias, el Justicia cita en su informe la deficiente atención sanitaria a los ancianos de residencias . Ángel Dolado subraya que los internos de residencias «han de tener idéntico acceso a la asistencia sanitaria que tienen quienes residen en su domicilio particular y, sin embargo, no parece que se haya entendido así en muchos casos». «En los más graves –indica el informe-, afortunadamente minoritarios, ha existido incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria ‘in situ’ en las residencias por parte de los servicios de los centros de salud públicos a los que estaban asignados los residentes».

Además, en las primeras semanas de la pandemia «existió una falta de coordinación entre los Departamentos de Ciudadanía y Sanidad del Gobierno de Aragón» que agravó la vulnerabilidad de los geriátricos.

Asimismo, destapa un grave desabastecimiento de material de protección, que impidió atajar con eficacia suficiente las cadenas de contagio dentro de las propias residencias . Según este informe, hasta el 7 de abril el Gobierno aragonés no empezó a suministrar material básico de protección, «al principio escaso (mascarillas, guantes y gel) y solo para el personal en función del grado de exposición al riesgo». Es decir, solo empezó a suministrarse material básico de protección frente al coronavirus más de un mes después de que la pandemia llegara a Aragón.

El mismo informe del Justicia indica que también escasearon las pruebas PCR y tests de detección del coronavirus, esenciales para atajar las cadenas de contagio en las residencias. Según el Justicia, la escasez de esas pruebas que dependían del Gobierno aragonés se manifestó especialmente hasta mediados de abril, en lo peor de la pandemia. Y a la escasez de pruebas de detección se ha sumado la excesiva tardanza en practicar los análisis y comunicar los resultados.

El Justicia de Aragón también se muestra crítico con las situaciones de aislamiento y confinamiento a que se han visto sometidos los ancianos de residencias. «Las prolongadas estancias en sus habitaciones, más los confinamientos en algunos de los centros residenciales y la prohibición de visitas a los usuarios, han llevado en la práctica a verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes». En este sentido, el Justicia indica que esas medidas, «aún pudiendo ser consideradas necesarias para evitar transmisiones del virus, han colocado a los residentes en situaciones de cuasi arresto domiciliario».