El Gobierno de Aragón empieza a elaborar el presupuesto de 2022 con la deuda por las nubes

En estos momentos el Gobierno regional consume cada día más de 18 millones de euros y ya debe unos 9.000 millones por el dinero prestado que tiene que pedir para mantener a flote su entramado administrativo, de organismos, entes, empresas públicas, fundaciones y consorcios. Este 2021 ha reservado 2.460 millones de euros para pagar los sueldos del sector público autonómico y más de 1.400 millones de euros para responder ante sus acreedores financieros por la deuda que tiene acumulada.

Ahora, el Gobierno aragonés reconoce que va empezar a elaborar las cuentas un tanto a ciegas , lo que dice poco respecto a la fiabilidad de las previsiones presupuestarias que se vayan a hacer. Desconoce datos tan fundamentales como los ingresos que va a recibir del Estado por las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

Tampoco sabe cuánto tendrá que devolver al Estado por la liquidación negativa de las entregas a cuenta de 2020, como consecuencia del hundimiento de la recaudación tributaria que desencadenó la crisis del Covid. Y es complicado aventurar cómo se va a comportar la economía en 2022 tras la crisis viva que hay abierta y que ha azotado la recaudación por impuestos.

Aun con todo, el Gobierno socialcomunista que preside Javier Lambán -que el PSOE comparte con Podemos, el PAR y los soberanistas de la Chunta- ha optado por pisar el acelerador y elaborar el proyecto de presupuestos de 2022 cuanto antes.

La orden dictada por el consejero de Hacienda, el socialista Carlos Pérez Anadón, establece que los distintos departamentos y entes que conforman el sector público autonómico deberán remitir antes del 7 de julio sus previsiones de ingresos y gastos para el próximo año . A partir de esas cifras, la Consejería de Hacienda elaborará un anteproyecto de presupuestos que, tras ser aprobado por el Gobierno regional, será remitido a las Cortes de Aragón para su debate y votación. El objetivo del Ejecutivo regional es que las cuentas estén aprobadas en diciembre, para que entren en vigor el 1 de enero.