Escaños del grupo socialista en las Cortes de Aragón. En primera fila, el presidente Lambán
Escaños del grupo socialista en las Cortes de Aragón. En primera fila, el presidente Lambán - Fabián Simón
Política

Los funcionarios cargan contra la Ley nacionalista de Aragón: es una «aberración jurídica»

Lambán se niega a rectificar y califica las críticas a esta ley como «obsesiones enfermizas de sectores muy minoritarios»

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La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que agrupa a empleados públicos de la región, ha criticado duramente la polémica Ley de actualización de los derechos históricos, promovida por la Chunta y aprobada con los votos del PSOE, Podemos, IU y el PAR. La controvertida ley llega a referirse a Aragón como «país», que coloca los derechos históricos por delante de la propia Constitución y que incluso abre la puerta al derecho de autodeterminación. La Asociación para la Defensa de la Función Pública considera que es una ley «antidemocrática» e «ignora la Constitución».

«Está plagada de barbaridades y aberraciones jurídicas, incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional y nuestra cultura democrática, y busca el anclaje de nuestra vida pública en una visión irreal e inerte de la historia, como si nuestro horizonte fuera la Edad Media», afirma esta asociación de funcionarios.

Esta organización insiste en que es inadmisible «la apelación a cualquier legitimidad que no sea la legitimidad democrática, cuya plasmación máxima se contiene en la Constitución Española de 19178». Y subraya: «No podemos aceptar la noción antidemocrática de derechos históricos» porque, «en democracia, es el pueblo y sus representantes, y no La Historia, la fuente de legitimidad del poder y del derecho».

A juicio de esta plataforma de empleados públicos, resulta de todo punto «improcedente» pretender «fundamentar la capacidad de autogobierno y la legitimidad de las instituciones autonómicas no en la Constitución Española (...) sino en el pasado remoto».

Considera igualmente que la ley llega a incurrir en el «ridículo» en algunas disposiciones, caso de la que exige la derogación de los Decretos de Nueva Planta de 1707.

Por todo ello, la Asociación para la Defensa de la Función Pública ha exigido a las Cortes de Aragón que den marcha atrás y deroguen de inmediato esta polémica ley. A la par, reclaman que las instancias habilitadas para ello presenten recursos de inconstitucionalidad contra esta «desafortunada y antidemocrática ley». El recurso puede ser presentado, entre otros, por el Gobierno central, los gobiernos y parlamentos autonómicos. De ahí que se apele también al propio presidente aragonés, Javier Lambán, al que desde diversas instancias ya se le ha pedido también que rectifique y que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que él mismo votó. De hecho, sin los votos del PSOE hubiera sido imposible su aprobación.

Lambán ataca a quienes critican la polémica ley

Mientras tanto, el presidente de Aragón y líder regional de los socialistas ha vuelto a salir en defensa de esta polémica ley. Lo hizo de nuevo este mismo jueves, acompañado por su socio de la Chunta José Luis Soro, con quien compareció ante los medios de comunicación para hacer balance de los tres años de legislatura. Lambán dijo que quienes critican estsa ley son «sectores muy minoritarios» y fruto de «obsesiones enfermizas». Sostiene que es una ley que «no pone en riesgo la unidad de España», que «es perfectramente constitucional y respeta el Estatuto de Autonomía».

José Luis Soro, por su parte, calificó la controvertida Ley aragonesa de actualización de derechos históricos como «el mayor hito del aragonesismo», y defendió que es consecuencia de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía que «ya desde 1982» otorgaba esa potestad a Aragón.