La Fiscalía pide «sentido común» al jurado del «crimen de los tirantes» tras el escándalo del primer juicio

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de noviembre de 2017 . El antisistema tenía 33 años. Siendo un veinteañero ya había sido condenado a cinco años de cárcel por dejar tetrapléjico a un policía local en Barcelona en 2006, durante unos disturbios entre okupas y fuerzas de seguridad. Lanza, de origen chileno, es nieto de un alto mando de la dictadura del general Pinochet .

El 8 de noviembre de 2017 se cruzó en un bar de Zaragoza con Víctor Laínez (55 años), al que le gustaba vestir tirantes con los colores de la bandera de España . No se conocían. Cruzaron unas palabras y, poco después, Lanza lo golpeó, lo dejó sin sentido y, cuando estaba inerte en el suelo, le pateó el cráneo. Lo abandonó agonizando. La Policía detuvo a Lanza tres días después y su víctima murió en el hospital.

Ayer, la fiscal Ana Cabeza destacó la brutalidad con la que el antisistema agredió mortalmente a Laínez. Un ataque «a traición», por la espalda, sin que la víctima pudiera defenderse , subrayó.

Ante la estrategia del abogado defensor de Lanza por relativizar las pruebas incriminatorias y presentar a su cliente como un ciudadano «normal» y pacífico, la fiscal pidió a los miembros del jurado que «no se dejen confundir: solo hay una víctima, Víctor Laínez, y solo un agresor, Rodrigo Lanza» . En lo mismo incidió el abogado de la acusación particular José Luis Melguizo, quien criticó que, como línea de defensa del antisistema, se haya pretendido «criminalizar a la víctima y victimizar al criminal».

Como ya hizo en el juicio de noviembre, Lanza se presentó ayer ante la Audiencia de Zaragoza con una imagen y vestimenta formal. Ni rastro de la profusa estética antisistema de la que hacía gala. «Parece un infantico del Pilar», ironizó ante el tribunal el abogado Melguizo mientras relataba el currículum delictivo de Lanza . Su abogado, Endika Zulueta, pide que sea absuelto: niega que quisiera matar a Laínez y dice que le atacó porque se sintió amenazado y sufrió un «cortocircuito» mental por «pánico». Fiscalía y acusaciones, por su parte, coinciden en pedir 35 años de cárcel por asesinato agravado con la agravante de motivación ideológica.