Escopetas para «mediar» entre los urogallos y los jabalíes en el Pirineo aragonés

Curiosamente –advierten desde la Oficina Nacional de la Caza , la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC)– la caza del jabalí es, desde hace años, una de las mejores herramientas para bajar la presión contra el urogallo. Los jabalíes –recuerdan– son una de las principales amenazas para esas aves , porque nidifican en el suelo y esos nidos son muy vulnerables frente al jabalí.

La ONC se ha alineado con las críticas lanzadas desde medio centenar de municipios pirenáicos y desde la Federación Aragonesa de Caza. Se oponen a la medida aprobada por el Gobierno regional para prohibir la caza del jabalí por encima de los 1.600 metros de altitud en el Pirineo. Advierten que, desde hace años, la caza sostenible del jabalí ha sido considerada una de las mejores líneas de apoyo a las poblaciones de urogallos.

Estas aves llevan décadas en peligrosa regresión en España . Sus poblaciones se concentran en las áreas de la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo . En la zona cantábrica se calcula que el censo de urogallos se ha reducido en un 70% en los últimos 30 años. Según datos de la Asociación para la Conservación del Urogallo, en estos momentos hay no más de dos centenares de urogallos macho en el área cantábrica.

En el caso de Aragón su población se ha reducido también drásticamente en las tres últimas décadas. De los casi mil ejemplares de machos que había a principios de los años 80 se ha pasado a menos de 600. Los que quedan se concentran especialmente en el Pirineo catalán. En Aragón, esa asociación calcula que quedan únicamente 80 urogallos macho, la mitad que hace 30 años.

La normativa aragonesa de protección del urogallo se reforzó a finales del año pasado. El Gobierno aragonés estableció nuevos criterios de conservación y sanciones para quienes los incumplan. Así, las multas por matar un urogallo alcanzan, como mínimo, los 16.000 euros . Y esto solo en concepto de daño patrimonial contra la fauna silvestre, porque además tendrá que hacer frente a las sanciones añadidas que contempla la legislación, incluyendo las posibles responsabilidades penales derivadas de dar muerte a un animal que se cuenta entre las aves más protegidas por encontrarse en peligro de extinción.