Cuarenta parroquias aragonesas demandan al Obispado de Lérida por secuestrar arte sacro

El caso se remonta al año 1995 . Fue cuando la Santa Sede aprobó un nuevo mapa eclesiástico que modificó los limítes de la Diócesis de Lérida: decenas de parroquias aragonesas dejaron de pertenecer a ese Obispado y pasaron a quedar integradas en diócesis aragonesas, de su región natural. El problema es que parroquias y parroquianos volvieron a Aragón, pero no sus obras de arte sacro , que Lérida siguió reteniendo.

Esas más de cien piezas de elevado valor habían sido trasladadas a Lérida hace más de un siglo por orden del Obispado ilerdense. Acabaron nutriendo los fondos del Museo Diocesano Comarcal de Lérida, regido por un patronato del que forman parte tanto la Diócesis como la Generalitat catalana , así como el ayuntamiento y la diputación provincial de Lérida.

Tras aquella reordenación del mapa eclesiástico llevada a cabo en 1995, las parroquias reclamaron en vano al Obispado de Lérida que les devolviera sus obras de arte. Ante la negativa, emprendieron un pleito en la jurisdicción eclesiástica, dado que el asunto hacía referencia exclusivamente a sujetos y objetos de la Iglesia -los acuerdos entre España y la Santa Sede dan plena validez a estas instancias judiciales eclesiásticas-.

Los fallos no tardaron en llegar. Y todos dieron la razón a la parte aragonesa. El primer pronunciamiento judicial lo dictó en 1998 la Congregación de los Obispos, ratificado luego por el Tribunal Supremo de la Sigantura Apostólica en 2002, que emitió sentencia definitiva y firme. Ordenó que se devolvieran a Aragón todas esas obras de arte -tras ir bailando las cifras con el paso de los años, el último inventario del Obispado de Lérida contabiliza 111 piezas-.

Sin embargo, esa sentencia firme de 2002 quedó en papel mojado. La parte catalana aún emprendió un último intento judicial, con un recurso ante el Tribunal de la Rota que, sin embargo, fue tumbado por éste en el año 2008.

Ante la cascada de sentencias en su contra, el Obispado de Lérida tuvo que plegarse a admitir que, efectivamente, esos bienes eran de Aragón. Pero se inhibió en su devolución y, de acuerdo con la Generalitat, argumentó que esas piezas formaban parte de una colección inseparable -la del Museo de Lérida-, catalogada como «patrimonio catalán» y, por tanto, solo con autorización de la Generalitat podía salir del Museo ilerdense. Esa tesis del Obispado y del Gobierno catalán, sin embargo, se vio truncada en mayo de 2015 con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se subrayó que los «bienes de la Franja» son aragoneses a todos los efectos , y que no hay catalogación que valga en Cataluña -ni supuesta unidad museística- si son reclamados por sus legítimos propietarios.

Pese a ello, con la anuencia del Obispado de Lérida, esas más de cien obras de arte sacro han seguido retenidas en el Museo de Lérida tutelado por la Generalitat , el mismo museo al que tuvo que ir la Guardia Civil hace dos mese para intervenir obras de arte del oscense Monasterio de Sijena.

Ante la pertinaz negativa catalana a devolver los «bienes de la Franja», el Obispado de Barbastro-Monzón se ha decidido a demandar al Obispado de Lérida junto al patronato del Museo de Lérida del que forma parte. Esta demanda la presenta en nombre de las 43 parroquias aragonesas a las que pertenecen esas 111 obras de arte que siguen retenidas en el Museo ilerdense.

La demanda ha sido formalizada más de tres meses después de un fallido intento por resolver el asunto sin ir a juicio. El acto de conciliación tuvo lugar el 31 de octubre del año pasado, pero el Obispado de Lérida no se avino a la reclamación de las parroquias aragonesas.

A partir de ahora se emprende un litigio estructuralmente muy similar al que se siguió en el caso de los bienes de Sijena . Fuentes jurídicas consultadas estiman que pueden pasar entre seis y ocho años hasta que haya una sentencia firme, porque es de prever que el caso será objeto de recursos hasta el Tribunal Supremo, tal y como ha hecho la Generalitat en el caso de Sijena.

En cualquier caso, la parte aragonesa tiene claro que, si se le da la razón en Primera Instancia, exigirán la ejecución provisional de la sentencia, tal y como ha ocurrido con el arte de Sijena. Es decir, exigir la devolución de esas obras de arte, aunque la parte catalana siga con recursos judicailes en la Audiencia Provincial y en el Supremo.