Autonomías
El Constitucional investiga al Gobierno de Lambán por presunta vulneración de derechos
Ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la competencia que se ha arrogado el Ejecutivo aragonés para ordenar traslados forzosos de funcionarios

El Gobierno socialcomunista de Aragón presidido por Javier Lambán está en el punto de mira del Tribunal Constitucional por posible vulneración de derechos. En concreto, por haberse arrogado la competencia para ordenar traslados forzosos de empleados públicos y, preferentemente, los que tengan contrato ... temporal (interinos) o tengan menos antigüedad. Es lo que el Ejecutivo de Lambán ha bautizado como «régimen especial de atribución temporal de funciones» . El Tribunal Superior de Justicia de Aragón cree que eso puede suponer vulneración de derechos constitucionales y extralimitación legislativa. El asunto lo ha elevado al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite esta cuestión de inconstitucionalidad.
El Gobierno cuatripartito aragonés del PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR ha ido replicando esta controvertida disposición en varias leyes durante el último año. Lo hizo por primera vez el 24 de junio de 2020, con un decreto-ley sobre «medidas urgentes» para la «recuperación» socioeconómica. Después, lo incluyó en la vigente ley de presupuestos de Aragón de 2021. Y también lo recogió en la Ley de Simplificación Administrativa , donde ese mecanismo de traslados forzosos ha quedado convertido en ley ordinaria y de carácter permanente –a diferencia de lo que era el decreto-ley dictado hace un año y que fue sustituido (derogado) por esta nueva Ley de Simplificación Administrativa–.
El Gobierno de España ya advirtió hace meses al Ejecutivo de Lambán de las gruesas dudas de legalidad que pesan sobre esas disposiciones que afectan de lleno a los más de 50.000 empleados públicos de la Comunidad autónoma. Y ahora es el Tribunal Constitucional el que interviene, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El Tribunal Constitucional (TC) considera que estas controvertidas leyes implantadas por el Gobierno de Lambán pueden ser inconstitucionales. En concreto, entiende que pueden vulnerar los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución. El primero de ellos protegen los derechos de libertad sindical y el segundo prohíbe que los decretos-leyes afecten a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos reguladas en el Título I de la Constitución.
Los interinos, los más expuestos
El Gobierno aragonés, a través de esa controvertida disposición legal que ha implantado, se arroga la potestad de mover a cualquier empleado público «por razones de urgencia e inaplazable necesidad». Eso se sustancia en lo que denomina «atribución temporal de funciones», y también en la potestad que se arroga para crear «unidades transitorias de apoyo a la gestión» , a la que podrán ser enviados forzosamente los empleados públicos que considere necesarios.
Esos traslados forzosos puede ser tanto de funciones –para desempeñar cometidos distintos a los de su puesto– como geográfico, para mandarlo a trabajar a otra localidad. Y, además, el Ejecutivo autónomo advierte que, a la hora de decidir a qué empleado público mover, no tratará por igual a todos ellos: puestos a trasladar, dice que moverá preferentemente a los interinos en vez de a los fijos, y a los que tengan menos antigüedad .
Además, el Gobierno aragonés ha advertido también por ley que, si los empleados trasladados no cumplen eficazmente con lo que se les ordene, se enfrentarán a la apertura de expedientes disciplinarios.
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