El comedero de cabras en el que España fulminó 51 millones de euros

Diez años después, la Administración aún no ha saldado cuentas . La situación es paradójica porque, en realidad, la Administración también tuvo su parte de culpa en aquel desastre. No por acción, sino por dejadez. Lo dijo con nitidez la sentencia de primera instancia que hace escasos días ha ratificado, en apelación, la Audencia de Huesca.

Aquella sentencia apuntó directamente contra la Diputación General de Aragón (Gobierno regional), a la que reprochó su «inactividad» en la acción de salvaguarda que le correspondía «como institución competente para la conservación y protección del patrimonio histórico aragonés». Y remarcaba, además, que también fue «censurable la nula labor inspectora o de vigilancia del yacimiento que venía realizando la Administración autonómica (...), sin que resulte de excusa su ubicación en una finca de propiedad privada».

Por eso, por aquella dejadez, la Justicia no condenó al dueño de la finca a pagar ínteigramente los 51 millones de euros en que se calculó el patrimonio destrozado. La sentencia dijo que a él le correspondía abonar la mitad , y que la otra mitad se daba por saldada por ser la parte achacable a la Administración regional.

Ahora, al haber quedado definitivamente sentenciado el caso en segunda instancia, toca liquidar lo ocurrido. Pero, hasta la fecha, nada se sabe. Tras la primera sentencia, el Gobierno aragonés ya podía haber reclamado a la parte condenada el abono de las cantidades, la ejecución provisional del fallo. Fuentes del Ejecutivo autónomo, sin embargo, han reconocido que al responsable no se le ha cobrado ni un euro hasta la fecha . Y no se ha aclarado qué pasos piensa seguir a partir de ahora la Administración aragonesa para hacer efectivo el cobro de la indemnización, toda vez que ya hay una sentencia definitiva y que el caso ha quedado totalmente zanjado en los tribunales.

El condenado a pagar por este caso es el empresario leonés Victorino Alonso, conocido como el «rey del carbón» por sus empresas mineras. Era el dueño de la empresa que se quedó con la finca en la que estaba la Cueva de Chaves, y el que la Justicia considera responsable de haber dado la orden de triturar el subsuelo de esa cueva del Neolítico, allanarla y habilitar en su interior un comedero y un abrevadero para las cabras que pululaban por aquellos parajes.

Victorino Alonso -o en su defecto la empresa Fimbas S.A., de su propiedad- deberá indemnizar a Aragón -en la figura de su Administración autonómica- con el abono de 25,49 millones de euros . Queda por ver cómo se articula el trámite al respecto y cómo, en su caso, lo hace valer la Administración regional.

Y, ¿cómo se le pone precio a un yacimiento arqueológico? No es tarea sencilla, pero la Justicia, en este caso, lo calculó a partir de la opinión de expertos. La tonelada de sedimentos arqueológicos que fueron destrozados por las excavadoras dentro de la cueva se valoraron al céntimo: 14.311.640,86 euros . Y a esa cifra se le sumó «el perjuicio total ocasionado por las obras, teniendo en cuenta no solo el valor de los sedimentos arqueológicos dañados, sino también el coste de infromación perdida, el coste de actuaciones de reparación o restauración y el índice de sensibilidad del bien afectado». Y de ahí salió la cuenta total de lo perdido: 50.981.610 euros.

A partir de ahí, a repartir culpas: la mitad, a cargo de Victorino Alonso; la otra mitad, culpa del Gobierno aragonés. Pero como la Administración autonómica, en este caso, era a la vez culpable y damnificada, su parte se dio por saldada y ahora le toca cobrarse la otra mitad, la que debe pagar Victorino Alonso, esos 25,49 millones de euros.