POLÍTICA

Las comarcas le cuestan al Gobierno de Aragón 78 millones de euros al año

El Gobierno regional aspira a que sean reconocidas por el Estado como entidades locales, y así contribuir a su financiación

ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA Actualizado:

El Gobierno aragonés ha transferido este año 78 millones de euros a los 32 gobiernos comarcales —y a sus respectivas administraciones—para cubrir sus gastos estructurales y financiar los servicios que prestan, en su mayor parte servicios sociales. El próximo año es todavía una incógnita el dinero que transferirá a estas entidades, que suman 798 cargos políticos electos, los consejeros comarcales. «MC1»

Ayer, el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, se reunió con los 32 presidentes comarcales de Aragón. Les avanzó que «en 2012 los recursos económicos no van a crecer», que no recibirán más dinero del que han recibido este año del Gobierno regional, que es su principal fuente de financiación. Lo que no aclaró Suárez es si la partida será menor ni, en tal caso, en cuánto se recortará.

Por su parte, durante una comparecencia en las Cortes regionales, la directora general de Administración Local del Ejecutivo autónomo, Paula Bardavío (PAR) dijo que defenderán que las comarcas de esta Comunidad sean reconocidas como entidades locales por la legislación estatal. Eso abriría la puerta a que las comarcas tengan derecho a recibir transferencias económicas del Estado, igual que los ayuntamientos.

El Ejecutivo autónomo que preside Luisa Fernanda Rudi (PP) tiene pendiente la redefinición de las comarcas, unos entes políticos y administrativos que nacieron en Aragón hace más de diez años por acuerdo de todos los partidos políticos. Con el paso de los años, el PP llegó a mostrarse abiertamente crítico con las comarcas, por lo que han supuesto de incremento de la estructura y de los costes políticos en esta Comunidad autónoma.

Rudi incluyó en su programa electoral una revisión del modelo comarcal, no su eliminación. El PP ha modulado su discurso teniendo en cuenta que depende del PAR para gobernar, y el PAR abandera el modelo comarcal. Aunque todavía deben concretar un acuerdo final al respecto —que está por negociar—, aragonesistas y populares parecen haber encontrado un punto medio de encuentro: mantener las comarcas, pero reducir su estructura política y hacer que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios a los municipios en las competencias que tienen transferidas de la Comunidad autónoma, y no en otras materias.