El Gobierno aragonés acaba de aprobar el proyecto de Ley de Identidad de Género, que ahora será tramitado en las Cortes de Aragón (en la imagen)
El Gobierno aragonés acaba de aprobar el proyecto de Ley de Identidad de Género, que ahora será tramitado en las Cortes de Aragón (en la imagen) - Fabián Simón
Sociedad

Aragón impulsará programas especiales de inserción laboral de transexuales

La Sanidad pública regional garantizará asistencia especializada sobre transexualidad desde la infancia

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Aragón impulsará programas especiales de inserción laboral para transexuales. Es una de las medidas previstas en la futura Ley de Identidad de Género y No Discriminación, texto al que acaba de dar luz verde el Gobierno de Aragón PSOE-Chunta para que emprenda su tramitación parlamentaria como proyecto de legislativo autonómico.

Esta nueva normativa va dirigida a reconocer y reforzar los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en Aragón. En ella se prevé que las administraciones públicas elaboren y pongan en marcha un programa marco de actuación para la inserción y atención social del colectivo «trans» en riesgo grave de exclusión. Además, a estas personas se les aplicarán las mismas medidas de protección contempladas en la ley aragonesa de atención a muejres víctimas de violencia de género.

También se van a desarrollar protocolos específicos para favorecer el acceso igualitario al mercado laboral de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, velando por prevenir y perseguir la discriminación en las empresas.

Asimismo, el nuevo proyecto de ley contempla que la Sanidad pública regional garantizará asistencia especializada sobre transexualidad desde la infancia. «Los menores serán tratados por especialistas pediátricos, lógicamente bajo el consentimiento informado de los padres, y de los menores a partir de los 14 años», han indicado fuentes del Gobierno aragonés. En el caso de que haya discrepancias entre los padres y los menores de edad, serán los jueces los que decidirán al respecto sobre los tratamientos sanitarios a aplicar, y siempre «tomando como referencia el interés primordial del menor».

La Administración queda obligada a facilitar a toda persona que lo solicite las acreditaciones «acordes a su identidad de género manifestada».

Asimismo, se fija que la Sanidad pública proporcionará tratamiento hormonal y quirúrgico para el cambio de sexo, prótesis sexuales con el mismo fin, modulación de voz y timbre si es necesario, y acompañamiento y asesoramiento psicológico.

También se contempla la creación de unidades de identidad de género para asesorar a los profesionales sanitarios que lo requieran y para orientar a los pacientes que lo soliciten.

En el ámbito educativo se establecen protocolos de obligado cumplimiento para garantizar que los menores son tratados según su identidad sexual, y se organizarán cursos de formación a los profesores «para abordar de manera adecuada la identidad sexual del alumnado, con actitudes de respeto, inclusivas y no discriminatorias».