POLÍTICA/ECONOMÍA

Aragón acaba con el "reino de taifas" de sus empresas públicas

Aprobado un decreto que endurece el control sobre la gestión de los directivos y altos cargosSerán despedidos quienes incumplan los planes de saneamiento financiero

ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA Actualizado:

Las empresas públicas del Gobierno aragonés dejarán de funcionar como una «administración paralela» y, desde esta semana, quedan supeditadas al control inmediato del Ejecutivo y de sus órganos de fiscalización. Así consta en el decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, en el que se detalla un pormenorizado cuadro de controles que acabará con lo que, en muchos casos, era un «reino de taifas», una estructura empresarial pública lastrada por la opacidad y por unos resultados económicos que han acabado lastrando las cuentas de la Comunidad autónoma.

El Gobierno aragonés está presente actualmente en un centenar de empresas. Exactamente, cuenta con 37 empresas públicas y, además, es accionista en otras 65 empresas privadas. Entre todas ellas, el endeudamiento acumulado se acerca a los mil millones de euros, y suman unos 250 puestos directivos y altos cargos, la cuarta parte de la plantilla total de trabajadores.

Buena parte de estas compañías está en entredicho. De las empresas en las que el Gobierno autónomo es el accionista mayoritario, solo siete dan beneficios.

Tras llegar al Ejecutivo el pasado verano, Luisa Fernanda Rudi anunció un profundo plan de reordenación del sector público empresarial. Su consejero de Economía, Mario Garcés, se ha encargado de diseñarlo en los últimos meses. El resultado ha sido doble: de una parte, se ha planificado la eliminación de las dos terceras partes de las empresas, proceso que se llevará a cabo el próximo año; de otra, se ha endurecido el régimen de control sobre la gestión económica de estas empresas, de las que hay ahora y, sobre todo, de las que queden desde el próximo año.

Del centenar de compañías que ahora forman el entramado empresarial del Gobierno aragonés, el próximo año quedarán alrededor de treinta. Las restantes tendrán destinos diversos. Unas se disolverán y de otras se saldrá el Ejecutivo regional vendiendo sus acciones.

Y, desde esta semana, toda empresa pública vinculada al Gobierno regional queda sometida a un riguroso plan de control. Las que hayan incurrido en pérdidas o en excesivos niveles de endeudamiento en 2010 —y así ocurrirá todos los años a partir de ahora— deberán presentar en el plazo máximo de seis meses un informe de gestión sobre las causas del desequilibrio financiero, así como un plan económico de saneamiento, que detalle las medidas correctoras. Dicho plan de saneamiento deberá cumplirse en un máximo de tres años, para que la empresa pública en cuestión vuelva al equilibrio financiero.

Contratos vigilados

Además, entre otras medidas, todo contrato por importe de 12 millones de euros o más ya no podrá ser firmado autónomamente por las empresas públicas, sino que deberá ser autorizado por el Gobierno aragonés, que además también podrá reclamar autorización para contratos de inferior cuantía. Asimismo, todas estas sociedades quedan sometidas al control de la Intervención General de la Comunidad autónoma, y deberán remitir periódicamente información sobre sus actuaciones y sobre cómo van cumpliendo sus planes. También se creará una comisión de auditoría y control para estas empresas.

Sus directivos y altos cargos quedan sometidos igualmente a un régimen disciplinario. Podrán ser despedidos si incumplen los planes económico-financieros.