Carlos Esco y Agapito Iglesias, tras una de sus comparecencias ante los juzgados
Carlos Esco y Agapito Iglesias, tras una de sus comparecencias ante los juzgados - Fabián Simón
Tribunales

Un ex alto cargo del PSOE aragonés, condenado a prisión por malversar 8,7 millones de euros

La sentencia, vinculada al «caso Plaza», condena igualmente al exdueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y al exgerente de la empresa pública Plataforma Logística

Roberto Pérez
ZaragozaActualizado:

Cuatro años de prisión, diez años de inhabilitación y la obligación de indemnizar a la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.) con 8,7 millones de euros. Es la condena que la Audiencia Provincial de Zaragoza ha impuesto al ex viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés, Carlos Esco (PSOE); al que fue dueño del Real Zaragoza, el constructor Agapito Iglesias; y al exgerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril.

El tribunal ha considerado probado que los tres fueron responsables de un delito de malversación de caudales públicos por valor de 8,7 millones de euros, que fueron ilegalmente desviados desde esa empresa pública con el abono de facturas por supuestos sobrecostes de obra en la construcción de unas naves. Dicha construcción fue contratada por 22,6 millones de euros, pero terminó costando 32,4 millones. Este es uno de los varios procesos judiciales abiertos por presunta corrupción cometida en la Plataforma Logística de Zaragoza, causas que en su conjunto forman parte del conocido como «caso Plaza».

Esos 8,7 millones fueron abonados desde Plaza S.A. a la constructora Codesport, propiedad de Agapito Iglesias, cuando en realidad la empresa pública no tenía obligación alguna de abonar tal cantidad. En la sentencia, el tribunal advierte que los supuestos sobrecostes, caso de haberse producido realmente, debían haber sido pagados por la empresa privada Autocity, que fue la compradora de las naves construidas por Codesport.

Autocity se negó a abonar esos excesos de obra, ante lo que Plaza S.A. decidió pagarlos con fondos públicos y, además, de forma rápida, en cuanto se lo pidió Agapito Iglesias.

La sentencia considera probado que los tres condenados se pusieron de acuerdo en cometer esta ilegalidad para desviar esos 8,7 millones de euros de dinero público. Por ello, el fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza les obliga igualmente a pagar solidariamente esos 8,7 millones de euros a la empresa pública del Gobierno aragonés. Si no lo hacen, el tribunal ha determinado que será igualmente responsable solidaria la sociedad mercantil Codesport.

Iglesias, Esco y Becerril, sin embargo, han sido absueltos del resto de delitos que se les imputaban. Y ha sido plenamente absuelto el cuarto procesado por este caso, el que fue director técnico de Plaza S.A., Miguel Ángel Pérez Cervantes.

El caso se remonta a los años en los que estaba al frente del Gobierno aragonés Marcelino Iglesias, en aquel momento también secretario general del PSOE regional. Carlos Esco es esposo de la ex secretaria de Estado de Educación con el Gobierno de Zapatero, ex consejera del Gobierno aragonés y ex candidata a la Presidencia de la Comunidad autónoma por el PSOE, Eva Almunia. Esco formaba parte del más estrecho círculo de Marcelino Iglesias y, además de viceconsejero de Obras Públicas de su gabinete, fue designado igualmente como responsable de la empresa pública Plaza. En aquellos años el constructor Agapito Iglesias mantenía una fluida relación con el Gobierno aragonés, no solo con su actividad de construcción sino también al convertirse en dueño del Real Zaragoza.