La localidad tiene menos de 200 vecinos empadronados
La localidad tiene menos de 200 vecinos empadronados - Google
Corrupción

La alcaldesa de Aranda de Moncayo se enfrenta a más de cuatro años de cárcel por amañar una licitación

Rosario Cabrera (PSOE) está acusada de los delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas

ZaragozaActualizado:

La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera (PSOE), será juzgada el próximo 11 de febrero en la Audiencia Provincial de Zaragoza, acusada de haber amañado una licitación a favor de una sociedad participada por su marido, su hijo y un cuñado. Se enfrenta a penas que suman hasta cuatro años y medio de prisión.

El caso se remonta al año 2015, cuando el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo impulsó el procedimiento para adjudicar la explotación de un coto de caza municipal. En 2016 se convocó la preceptiva licitación, pero -según las acusaciones- se maniobró para entorpecer la libre concurrencia de licitadores y para manipular el procedimiento a favor de una sociedad de cazadores en concreto, de la que es secretario el marido de la alcaldesa, su hijo es vocal y un cuñado presidente.

El caso fue denunciado por la sociedad de cazadores «El Perdigal», que se sintió directamente perjudicada en aquella anómala licitación. De hecho, en 2017 un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló la licitación que se había resuelto a favor de la sociedad de cazadores directamente ligada a la familia de la alcaldesa. Anulado aquel contrato en la jurisdicción contencioso-administrativa, el caso siguió adelante por la vía penal. Las diligencias penales fueron instruidas por el juzgado de La Almunia de Doña Godina y ahora le toca juzgar a la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La Fiscalía pide para la alcaldesa de Aranda de Moncayo una pena de prisión de tres años de cárcel y siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. El Ministerio Público acusa a Rosario Cabrera de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La acusación particular, ejercida por la sociedad de cazadores «El Perdigal», eleva las penas solicitadas a un total de cuatro años y medio de carcel y a más de tres años de inhabilitación. Considera que la alcaldesa cometió prevaricación, malversación continuada y negociaciones prohibidas. Además, reclama que también sea condenada a pagar una indemnización de 5.000 euros a esta sociedad de cazadores que se vio perjudicada en la licitación fraudulenta, y al menos otros 25.000 euros por el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de esta pequeña localidad zaragozana.