La Abogacía del Estado ningunea al juez del caso Gali y le torpedea con la Ley de Secretos Oficiales

Con este argumento ha vestido la Abogacía del Estado su negativa a facilitar pruebas solicitadas por el juez zaragozano Rafael Lasala . El magistrado investiga la operación clandestina desplegada por el Gobierno en abril para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali , que por entonces estaba incurso en causas penales abiertas en la Audiencia Nacional.

Este nuevo escrito de la Abogacía del Estado se presentó el lunes ante el juzgado. Lleva la firma de María del Mar González Bella , designada por el Gobierno para defender a los dos imputados hasta el momento por el caso Gali: la exministra Arancha González Laya y el que fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino .

Esta abogada del Estado acumula controvertidos alegatos en esta investigación judicial: ha pedido censurar las noticias que trascienden sobre este caso , que comprometen de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez ; ha solicitado expulsar a las acusaciones o atosigarlas con una abultada fianza de 150.000 euros; ha urgido al juez a dejar de investigar y dar inmediato carpetazo al asunto; y calificó de «impertinente» la decisión del magistrado de llamar a declarar a la exministra Arancha González Laya. Ninguna de esas pretensiones las ha admitido el juez Lasala.

Ahora, la abogada del Estado se despacha proclamando que el Gobierno y quienes trabajan para él, sean altos cargos o funcionarios, son inmunes ante los jueces si la investigación afecta a pruebas o materias que el propio Gobierno considere secreto oficial o asunto reservado. Y todo ello, dice, al amparo de la Ley de Secretos Oficiales heredada del régimen franquista –data de 1969–. Y, por añadidura, al calor de un acuerdo adoptado al respecto por el Consejo de Ministros en 2010, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero .

Con este portazo argumental ha contestado la abogada del Estado al juez Lasala, tras reclamarle a Villarino el dispositivo informático en el que recibió correos electrónicos relativos a esa entrada de Gali en España. Hasta ahora, la intervención del dispositivo no pasaba de ser una solicitud de las acusaciones populares. Pero ahora el juez la ha aceptado, la ha cursado y le ha dado la opción a Villarino de facilitarle voluntariamente el dispositivo. La respuesta ha sido un no rotundo.

«La petición de entrega voluntaria que se solicita por el juzgado supondría un incumplimiento del mandato legal previsto en el artículo 13» de la Ley de Secretos Oficiales, dice la abogada del Estado en su escrito. Y remata: «la limitación propia de estas materias alcanza a todas las autoridades y poderes públicos, incluidos los juzgados y tribunales».

La tesis de esa pretendida inmunidad del Gobierno ante los jueces choca con la posición adoptada por el Tribunal Supremo, que ya en 1997 determinó que la Ley de Secretos Oficiales no otorga impunidad, porque está concebida para salvaguardar la seguridad del Estado, no para blindar a «sus autoridades o funcionarios que personalmente puedan resultar relacionados con una causa penal».

Por otra parte, ante la eventual decisión del juez Lasala de intervenir forzosamente el dispositivo móvil que reclama, la Abogacía del Estado insiste en que Villarino borró los archivos que ahora reclama el juzgado. Dice que mientras fue jefe de gabinete de Exteriores tuvo «la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos» , por «motivos de seguridad» y «para evitar la saturación del buzón».

Por si eso fuera poco, la letrada designada por el Gobierno le añade al juez otra traba más: «En todo caso –dice–, dado que los correos electrónicos pueden ser accesibles desde distintos dispositivos (ordenador, móvil, tableta, etc.), debe ahora añadirse que el señor Villarino no puede precisar desde qué dispositivo en concreto» accedió a los archivos que reclama el magistrado.