Anticorrupción rechaza que España envíe a Andorra los audios de Villarejo

En un informe al que tuvo acceso ABC, rechaza así la pretensión de la jueza andorrana Azahara Cascales, que había librado una comisión rogatoria para que la Audiencia Nacional le diera acceso a «todas las conversaciones grabadas» del caso Villarejo.

Cascales investiga si los dueños de la extinta Banca Privada d'Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, contrataron a Villarejo para «fabricar información a la carta» con el fin de «arremeter contra las instituciones» del Principado como respuesta a la caída de su entidad, y que los banqueros enmarcan dentro de la denominada operación Cataluña.

Para esclarecer los hechos, la instructora quería disponer de los audios e incorporarlos a sus diligencias. Con la Fiscalía Anticorrupción en contra, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra.

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«La amplitud (...) de la solicitud de cooperación planteada por las autoridades del Principado de Andorra, solicitando de manera indiscriminada el acceso a la totalidad de las conversaciones grabadas por José Manuel Villarejo Pérez y las anotaciones realizadas en sus agendas intervenidas en el curso de las DP 96/2017 de este Juzgado Central de Instrucción número 6 y que pudieran guardar relación con Andorra, imposibilita materialmente su ejecución, siendo las autoridades judiciales de emisión sin duda desconocedoras de la extraordinaria magnitud y complejidad de la documentación intervenida», argumenta la Fiscalía.

En el escrito, del 26 de enero, el Ministerio Público pone de relieve que José Manuel Villarejo trabajó desde 2012 y hasta su jubilación en 2016 como «funcionario en activo del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), realizando funciones de captación de información, principalmente a través del manejo de fuentes humanas».

Por ello, expone la Fiscalía Anticorrupción, el acceso a parte de la información que pretende la Justicia andorrana, «cuando menos aquella clasificada como secreta, se encuentra vedado» porque así lo impone la ley de secretos oficiales.

En concreto, en la solicitud de cooperación judicial la jueza andorrana hacía mención a tres grabaciones incorporadas en un informe de Asuntos Internos de diciembre de 2020. Solicitaba además copia de las agendas o notas intervenidas así como una copia de audio de todas las grabaciones que consten en la causa.

«Cabe entender que pudieran tener la naturaleza de secreto en tanto, examinado su contenido, pudieran venir referidas a funciones policiales que el investigado José Manuel Villarejo Pérez realizaba como Comisario adscrito a la DAO manejando fuentes de información sobre hechos indiciariamente delictivos«, se puede leer en el escrito.

Mientras, otra juez del Principado quiere imputar al expresidente Rajoy y otros altos cargos en otra causa en la que se investigan presuntas extorsiones, coacciones y chantajes por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer mediante «vías ilegales» datos bancarios de dirigentes independentistas como Jordi Pujol, Oriol Junqueras y Artur Mas.

El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó la tramitación de la comisión rogatoria, tras meses de recursos en el marco de la batalla judicial que el expresidente Mariano Rajoy y sus exministros, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, libran por su parte en España.