Anticorrupción pide 5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los periodistas del caso Dina

En su escrito de acusación, los fiscales del caso Miguel Serrano y César de Rivas imputan a los tres un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros e interesan, como responsabilidad civil, que los tres indemnicen solidariamente y a partes iguales a la exasesora de Podemos con la cantidad de 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros.

En ocho páginas, el Ministerio Público repasa los hechos investigados, desde el robo en el Ikea de Alcorcón de las pertenencias de la exasesora y de su entonces pareja el 1 de noviembre de 2015 hasta la aparición de parte del contenido del móvil de Dina Bousselham en medios en 2016.

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Recuerda que el 19 de enero de 2016 una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta micro SD que era la que había estado conectada al móvil sustraído y fue examinada por los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, además de por un directivo, Miguel Ángel Liso, y el presidente del grupo, Antonio Asensio, quien decidió no publicar y dársela a Iglesias en la creencia de que era suya.

Tras esa entrega a Iglesias, previo visionado en la sede de la editorial, los fiscales explican que entre enero y abril de 2016 los periodistas encausados fueron contactados por Villarejo, que era fuente «habitual», y le entregaron una copia de esa tarjeta micro SD «conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía».

Los fiscales subrayan que ambos periodistas sabían que la tarjeta que entregaron a Villarejo «contenía archivos con documentos internos del partido Podemos, diversos datos bancarios, archivos de video y audio, y (...) documentos de carácter íntimo y personal», entre ellos fotos de la exasesora semidesnuda. También conocían que en la tarjeta había grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido.

El escrito explica que el comisario, «actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial» hizo copias y las entregó «a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias».

A continuación, los fiscales enumeran una serie de artículos de hasta dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 efectivamente acabó siendo publicado a lo largo de 2016.