El anterior Gobierno balear sigue sin aclarar a quién le llegó la oferta de mascarillas del caso Koldo

El que también fue consejero de Trabajo y, como portavoz, estaba considerado número dos de Armengol en su Gobierno ha viajado a Madrid para defender a la ahora presidenta del Congreso, quien según él desconocía el contrato de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL —la investigada en la trama— por el que su administración pagó 3,7 millones de euros en 2020 por un material que no se utilizó. En marzo del 2023, dos meses antes de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo balear informó a la empresa de que iba a reclamarle una parte del pago (2,6 millones de euros) porque la calidad era menor de la pedida.

Negueruela sí ha confirmado que los contactos con la empresa implicada en la presunta trama de mordidas se hicieron con Iñigo Rotaetxe, vía correo electrónico, pero no ha aclarado, según él por desconocimiento, qué persona del Ministerio de Transportes se puso en contacto con el Gobierno balear para ofrecerle comprar mascarillas a través de Soluciones de Gestión. Tampoco quién del Ejecutivo autonómico recibió esa recomendación.

El exnúmero dos de Armengol ha insistido en que el contrato en cuestión, de 3,7 millones de euros, cuenta con el aval de la Intervención General de Baleares, algo que ya dijo la semana pasada la presidenta del Congreso, y ha recalcado que el hecho de que la empresa viniese avalada por el Ministerio de Transportes les ofreció «una fiabilidad alta». Eso sí, casi dos semanas después de la detención de Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos cuando dirigía ese departamento, nadie del anterior Gobierno balear parece saber quién del Ejecutivo central, ni a quién, le aconsejó comprar mascarillas con intermediación de la empresa que ahora se sitúa en el centro de una presunta trama de comisiones ilegales.

«Nos sentimos víctimas de una estafa, engañados por personas que se querían lucrar», ha asegurado Negueruela, en la misma línea que su anterior jefa la semana pasada. Lo cierto es que nadie del Gobierno balear está investigado por el momento y que la fiscalización del contrato no ha detectado ninguna irregularidad, pero hay preguntas que siguen sin responderse. Por ejemplo, por qué el material se almacena y no se utiliza cuando en junio del 2020 se sabe que no es de la calidad adecuada, pero no se inicia el proceso de reclamación hasta casi tres años después.

Según Negueruela, el material se guardó para poder reclamar el dinero pagado —la calidad que figuraba en la compraventa era FFP2, la recomendada para sanitarios, pero llegó una menor— y no se hizo antes porque el Servicio de Salud de las islas Baleares (IB-Salut) estaba «saturado». El exportavoz del Gobierno de Armengol asegura que el Ministerio de Transportes se puso en contacto con la administración balear y que esta derivó el contrato al IB-Salut.

Los técnicos del IB-Salut advierten de posibles irregularidades en las mascarillas y estas se envían para su análisis al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que confirmó que la calidad del material no correspondía a equipos de protección FFP2 en junio del 2020. Dos meses después, el Gobierno de Armengol emite un informe a Soluciones de Gestión en el que califica la compra de «satisfactoria», aunque Negueruela matiza ahora que era un mero trámite para confirmar, a petición de la empresa, que se había recibido y pagado el pedido.

Los trámites para la reclamación, a pesar de que las mascarillas, almacenadas todas ellas, caducaban en 2022, no se inician hasta marzo del 2023, cuando se informa a la empresa de que van a reclamarle 2,6 millones de euros. Soluciones de Gestión se opone argumentando que China sí certificaba esa calidad, pero el Gobierno de Armengol, ya en funciones, formaliza el inicio del expediente de disconformidad parcial el 6 de julio del 2023. Según Negueruela, y esto también lo dijo la semana pasada Armengol, en el traspaso de poderes la dirección del IB-Salut informa de la existencia de este documento, cuya tramitación debía concluirse, para que no expirase, en seis meses.

«Puedo garantizar que ni la presidenta ni ningún otro consejero conocía el expediente de un contrato de 3,7 millones de euros», ha afirmado Negueruela, que ha señalado que es el director general del IB-Salut quien inicia la reclamación en marzo del 2023. El anterior Gobierno balear culpa a su sucesor, el Ejecutivo de la popular Marga Prohens, de que cayese en el olvido este conflicto con la empresa vinculada al caso Koldo. «Los jefes del departamento del IB-Salut estaban informados», ha insistido Negueruela, que por otro lado ha negado la existencia de cualquier «presión» de Transportes para cerrar el contrato con Soluciones de Gestión.

«Estamos aquí porque hay una operación de cacería contra la presidenta del Congreso», ha llegado a afirmar Negueruela, que ha culpado al PP de sembrar «la sombra de la duda» sobre ella. «José Luis Ábalos no presionó al Gobierno de Baleares jamás. No tiene capacidad para hacerlo», ha apostillado, aunque todavía sin aclarar quién de Transportes se dirigió a quién del Ejecutivo balear.

La mano derecha de Armengol, por otro lado, ha dicho ahora que las mascarillas compradas eran para uso civil, no sanitario como se había mantenido hasta ahora, a pesar de que el propio Gobierno balear, en el primer escrito de reclamación a la empresa, indicaba que el material solicitado era hospitalario. Según Negueruela, se compraron mascarillas FFP2 para tener disponibles para empleo domiciliario porque eran las que encontraron en ese momento y se habría hecho igual incluso con material de calidad superior. El contrato era de emergencia, recuerda, por la situación devastadora que vivía España con la pandemia del Covid-19.