Este año han llegado a España 153 inmigrantes irregulares cada día

Y es que, si a nivel global las cifras son alarmantes, lo sucedido en Canarias supera cualquier precedente. Hasta el pasado día 12 habían llegado solo al archipiélago 36.640 inmigrantes irregulares, 5.000 más de los que lo hicieron en el hasta ahora mayor éxodo migratorio a las islas, en la llamada crisis de los cayucos. Fue en 2006 y entonces lo lograron 31.678 personas. Este año los cayucos han llegado más sobrecargados que nunca, con una media de 22 ocupantes más de lo habitual, por lo que el mar se habrá tragado también más cadáveres que nunca. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que hasta el 23 de noviembre al menos 634 migrantes habían muerto o desaparecido cuando intentaban llegar por vía marítima desde África a Canarias, una cifra que ya supera los 559 de todo el año pasado.

Se trata, claro, de los muertos de los que se tiene constancia, porque las estimaciones de distintas fuentes solventes consultadas por ABC apuntan que sólo son capaces de llegar hasta nuestras costas la mitad de las personas de las que hay constancia que embarcan en cayucos en Mauritania o Senegal. La altísima mortalidad se explica porque, en contra de la creencia habitual, no hay barcos nodriza desde los que salen las embarcaciones de los inmigrantes, sino que llegan a España después de una travesía de nueve días en la que los ocupantes van hacinados y apenas pueden comer. Si alguno de ellos fallece, el cadáver se tira al mar sin miramientos. Y en muchas ocasiones la nave se va a pique por exceso de peso o mala mar, en cuyo caso pierden la vida todos sus ocupantes.

La vertiente económica del negocio fabuloso del tráfico de seres humanos es también llamativa. Cada una de las personas que suben a un cayuco pagan una media de 12.000 euros. Multiplicar esa cantidad por las 36.000 personas que, en números redondos, han llegado a Canarias, arroja una cifra de 432 millones de euros, a los que habría que añadir una cantidad similar de quienes han pagado pero no han conseguido llegar a España porque han perdido la vida en alta mar.

Los datos, más allá de enfoques 'buenistas' que se oyen con frecuencia, hablan de la imperiosa necesidad de luchar contra la mafias de seres humanos, que con este volumen de negocio tienen además una potente capacidad de corromper a las autoridades en los países de origen. En este campo, las Fuerzas de Seguridad españolas hacen un trabajo muy importante no solo en nuestro país, sino también en otros africanos como Mauritania, Senegal y Níger, donde están desplegadas la Policía y la Guardia Civil y en los que trabajan en equipos conjuntos con sus colegas locales.

Según los datos que dio el pasado miércoles el ministro del Interior en el Congreso, ese trabajo ha abortado la salida de 7.000 personas de Mauritania y de un número algo mayor en Senegal, además de permitir la desarticulación de numerosos grupos de traficantes de seres humanos.

Sin embargo, la sangría, lejos de detenerse, aumenta. Es verdad que la intensidad de los flujos no siempre es la misma y que nos encontramos en un ciclo alto por varios factores acumulados: a la falta de horizonte en esos países, se unen ahora las consecuencias del cambio climático, que provoca sequías y por tanto un aumento de la hambruna, la inestabilidad política en varios de esos Estados que lleva a muchos opositores a huir para no ser represaliados e incluso catástrofes naturales como inundaciones y terremotos que afectan mucho a las ya de por sí precarias economías locales. También afecta que en esos países hay una menor capacidad de prevenir las salidas de los inmigrantes.

Uno de los caballos de batalla de España -en realidad de toda Europa- es el retorno de los inmigrantes irregulares a sus destinos de origen. El ministro Marlaska presume de que estamos a la cabeza de Europa en devoluciones, aunque de inmediato hay que aclarar que el porcentaje apenas llega a un 5 por ciento de los que entran.

Es verdad, no obstante, que las remesas que envían sus inmigrantes suponen entre un 10 y un 15 por ciento del PIB de países como Senegal o Níger, por lo que es muy difícil convencer a sus Gobiernos de que acepten a sus nacionales. Hacerlo tiene para sus gobernantes un importante coste de imagen pública y allí, no hay que olvidarlo, también hay elecciones. La única forma es ofrecerles compensaciones.

Por lo demás, el enorme negocio de la inmigración ilegal ha dado paso a un nuevo fenómeno que es visto con gran preocupación por las Fuerzas de Seguridad: la utilización de las antiguas narcolanchas para la entrada de inmigrantes irregulares. Esta modalidad, relativamente nueva, se ha potenciado de tal forma que, según los últimos datos, en lo que llevamos de año han sido utilizadas en más de 300 ocasiones. Algunas de ellas han acabado en tragedia, como la reciente de Sancti Petri (Cádiz), con cuatro muertos.

Estas potentes embarcaciones hacen el recorrido entre las costas marroquíes y andaluzas cargadas de inmigrantes que pagan, de media, 5.000 euros por el trayecto. Los traficantes las llenan con entre 30 y 40 personas de media, por lo que se embolsan por cada viaje unos 200.000 euros, y además la narcolancha, al contrario que los cayucos, puede utilizarse muchas veces, con lo que eso supone de garantía para rentabilizar la inversión en dicha embarcación.

En cuanto a las ciudades autónomas, hay una diferencia muy notable en su comportamiento. Mientras que en Ceuta las entradas irregulares por vía marítima se han reducido este año más de un 50 por ciento, al pasar de 122 el año pasado a los 60 de este a 1 de diciembre, en Melilla la situación es justo la contraria. En 2023 han subido más de un 18 por ciento, hasta las 180. Por vía terrestre, en el conjunto de ambas se ha reducido un 45 por ciento, hasta las 1.175 personas.