Andorra no aceptará más inmigrantes ilegales: «Vienen, reagrupan a la familia y al día siguiente piden ayudas sociales. Estamos colapsando»

Espot ha asegurado que «la red viaria está colapsada, el sistema sanitario está cerca del colapso, con listas de espera cada vez más importantes, y el sector educativo está sometido a mucha presión». Ante esa situación de alarma, el jefe del Gobierno andorrano considera necesario revisar el modelo migratorio actual, ya que en su opinión la política aplicada desde la pandemia conducirá a un total de «población inasumible», si no se pone límite.

El mandatario fija líneas rojas para controlar esa superpoblación, con medidas como frenar la llegada de inmigrantes sin ingresos que solo usan los servicios públicos. Entre otras cuestiones, según ha explicado Espot, «los temporeros que no tienen permiso de residencia fija no podrán reagrupar a sus familiares» como sí ocurría hasta ahora. En los últimos años, según ha trasladado, Andorra ha tenido que hacer un esfuerzo importante para permitir el acceso a los servicios básicos como la educación y la sanidad a menores e ilegales que no residen legalmente en el país.

Xavier Espot ha fijado las condiciones más duras que tendrán que cumplir los que opten por la reagrupación: «deberán tener medios económicos suficientes para sustentar a su familia». «No tiene sentido que tu puedas reagrupar a tus hijos, a tu esposa, a tu marido, a tus padres y que el día siguiente ya vayan a pedir ayudas sociales», ha denunciado el jefe del Ejecutivo del país vecino.

Andorra fija en el doble del salario mínimo, fijado en 1.147 euros mensuales, los ingresos que debe justificar el que pida reagrupar a un adulto. Eso supone un salario de 2.894 euros. En el caso de querer reagrupar a un menor, indicó, debería añadir el 70% del salario mínimo. En el caso de llevarse a Andorra a la pareja y un hijo, el solicitante del reagrupamiento debe justificar 3.906 euros de ingresos al mes.

El endurecimiento de la entrada de inmigrantes a Andorra va en línea con el que ya aplica Francia y Portugal. Una posición que contrasta con la política de puertas abiertas de España, que ante la decisión de estos tres países se queda como una isla en la que únicamente acceden ilegales por la frontera sur, generando problemas poblaciones y de tensión en los servicios públicos. Pues cuando los inmigrantes tratan de seguir su viaje a Europa, a través de Francia, Andorra o Portugal, se encuentran con el rechazo de las autoridades locales.

En el caso francés, tal como reveló ABC hace unas semanas, el gabinete de Emmanuel Macron ha mandado a la Policía Nacional a revisar los trenes procedentes de Barcelona en la frontera para ejecutar «devoluciones en caliente« de ilegales. Portugal, por su parte, ha endurecido recientemente su política de control de inmigrantes con la aprobación de una reforma de la Ley de Extranjeros en julio de 2025 que, como Andorra, limita la reagrupación familiar y crea una unidad especial de fronteras en la Policía.