Vuelven las macrocausas de corrupción y los ex altos cargos de la Junta de Andalucía al banquillo

Pero el yacimiento de los ERE no se ha agotado con el fallo contra la antigua cúpula autonómica. Hay más de 350 personas imputadas, según detalla la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, en un total 139 piezas de la macrocausa que la juez Mercedes Alaya inició en 2011. De estas ramas surgidas del tronco de los ERE, 67 se hallan en fase de instrucción de diligencias previas y otras 26 se han traducido en autos de procesamiento.

El rompecabezas se completa con 34 investigaciones sobre empresas y entidades subvencionadas finalizadas y pendientes de juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla. Además, hay doce piezas que ya han llegado a esa fase final, según el último balance del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) actualizado hasta el pasado 23 de noviembre. De ellas, once se han saldado con sentencias y condenas. La que falta, la denominada pieza de Surcolor, se está juzgando en estos momentos. Este lunes se reanudarán las sesiones iniciadas en julio.

El nuevo curso judicial, tras el inhábil mes de agosto, empieza como terminó el anterior: con una agenda cargada de procesos pendientes en las distintas secciones de la Audiencia. El más inmediato es el proceso abierto contra quince acusados –cinco de ellos ex altos cargos socialistas– para determinar su responsabilidad penal en los 2,3 millones concedidos a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica. «La ayuda de la Junta realmente no fue destinada a los trabajadores (prejubilados), sino a la empresa», concluyó el juez Álvaro Martín en su auto de procesamiento, allá por octubre de 2016.

Las ayudas también sirvieron para poner una 'paga' pública a dos intrusos, José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas, y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas. Éste último, que fue alcalde de Camas, tendrá que comparecer ante el tribunal. Junto a él estará el llamado conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, el «perejil» de buena parte de los 'guisos' que se cocían en los fogones de la Consejería de Empleo.

El tribunal de la Sección Tercera, a la que le toca juzgar esta pieza, acaba de echar por tierra las peticiones de tres de los ex altos cargos acusados para ser exculpados. Sus letrados alegaron que ya han sido condenados por el procedimiento «ilícito» de ayudas en la sentencia dictada por la Sección Primera el 19 de noviembre de 2019, ratificada después por el Supremo.

Como consecuencia, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y su exviceconsejero Agustín Barberá –que están expiando sus culpas en la prisión– se enfrentan a penas de diez años de cárcel por la ayuda de Surcolor, como solicita la acusación del PP andaluz. En la misma situación se halla el exdirector de Trabajo Juan Márquez.

El frente común de la Fiscalía Anticorrupción y las defensas en esta cuestión previa no ha convencido a la sala. «Las ayudas individuales no fueron objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico ni se presentó acusación por tal cosa», rebatió el tribunal. Esta decisión es coherente con sus pronunciamientos anteriores pero colisiona con la doctrina establecida por otra sección de la Audiencia, la Séptima, para que cada político afronte un juicio y no decenas de ellos por cada una de las ayudas. Este conflicto lo tendrá que resolver el Supremo.

Casi cinco años después de que el PSOE perdiera la Junta de Andalucía, la Justicia sigue desbrozando el frondoso bosque de corrupción que creció durante 37 años de monocultivo de un poder que parecía no tener fin cuando el fondo ilegal estuvo funcionando.

Se han cumplido ya doce años y medio desde que la juez Mercedes Alaya se puso a desenrollar la madeja de las prejubilaciones trucadas y ayudas arbitrarias. En esta década larga, el caso ERE se ha llevado por delante a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, tres exconsejeros de Empleo, otros tantos de Hacienda, dos exviceconsejeros de Empleo, varios directores generales y gerentes de la agencia IDEA, mediadores de seguros, intermediarios, sindicalistas, testaferros, abogados y falsos trabajadores de empresas que cobraron ayudas públicas para prejubilarse sin merecerlo.

A partir del 18 de septiembre, la Sección Cuarta empezará a juzgar a dos responsables de la empresa EDM Séneca por los casi 400.000 euros en fondos públicos que recibieron en 2008 a través de la partida de los ERE. La vista estaba señalada desde junio de 2021, lo que da buena cuenta del nivel de saturación que soporta la Audiencia hispalense.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de tres años y medio de cárcel para los dos únicos acusados, los empresarios, como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación en concurso medial con el de malversación de caudales públicos. No habrá responsables políticos en la sala de vistas. Los cuatro ex altos cargos que estaban siendo investigados se libraron merced al referido principio 'non bis in idem' por el que un acusado no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El 28 de septiembre, la Sección Primera, que dictó la primera condena del inagotable sumario de los ERE, juzgará por delitos de prevaricación y malversación al dueño de un vivero de Huelva, Plantas y Flores Castejón SL, que recibió «indebidamente» 75.000 euros de la Consejería de Empleo. La empresa es insolvente y no ha devuelto el dinero. Si se repite el esquema de anteriores empresarios juzgados por lucrarse con los ERE, sólo el reintegro del dinero puede alejarlo de la cárcel. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para él por supuestos delitos de prevaricación y malversación.

El calendario judicial se completa este mes con el inicio de la vista de una pieza separada de la macrocausa de Invercaria, que analiza la legalidad de los préstamos e inversiones de esta sociedad de la Junta de Andalucía dedicada al capital riesgo y que, entre 2005 y 2010, repartió 60 millones entre 276 proyectos. El proceso en cuestión, que ha recaído en la Sección Séptima, se centra en el préstamo participativo de 1.180.000 euros que la empresa pública concedió en 2008 a la firma malagueña Servivation SA. El plato fuerte será el regreso del exconsejero de Innovación, el socialista Francisco Vallejo, a los soportales de la Audiencia y al banquillo de los acusados.

El político ya fue condenado a siete años de reclusión por el caso ERE, castigo que está penando en la prisión de Sevilla. Vallejo llegó a recusar a Alaya por su presunta falta de imparcialidad para enjuiciarlo en esta pieza de Invercaria. Alegó una supuesta «animadversión» de la jueza hacia el PSOE y sus dirigentes. La sala que resolvió esta cuestión rechazó la pretensión del exconsejero porque, afirmó, estaba basada en «temores, sensaciones u opiniones que no resultan objetivamente justificadas».

Si no surge ningún contratiempo, la vista oral arrancará el día 25 de septiembre y hay sesiones programadas hasta el 31 de octubre. Que se celebre o no dependerá de la delicada salud del expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.

El pasado 8 de mayo, la Sección Cuarta ya aplazó un juicio por los préstamos de 1,18 millones otorgados a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM) debido a su ingreso hospitalario. En junio se suspendió otro proceso en el que Pérez-Sauquillo iba a ser juzgado por los 90.000 euros que concedió a la empresa jienense Bioaveda SL para financiar una fórmula magistral de aceite de oliva con supuestas propiedades médicas.