El 'volantazo' de la Junta abre una nueva batalla entre el taxi y las VTC

Se aprobó el pasado 11 de junio y ya está en vigor. La Junta reconoce que no esperaba estos acontecimientos, no intuía «el cambio brusco» en el mercado que dos años después le obliga a modificar la ley. Anteriormente a 2023, la autorización de licencias venía limitada por la proporción 1/30 (una licencia por cada 30 de taxis existentes), pero esa regla fue desestimada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ese año. Sólo podían constituir razones de interés general criterios de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público así como de protección del medio ambiente. A este punto se agarró la Consejería: la protección de la mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2.

Sin embargo, el mercado ha sufrido esa alteración inesperada con la proliferación exponencial de vehículos eléctricos, aseguran desde la Consejería. El efecto ha sido demoledor. Si en 2023 sólo se presentaron 23 solicitudes en Andalucía, desde el 1 de enero de este año se han registrado 1.373 solicitudes frente a las 3.713 autorizaciones de VTC que hay vigentes en Andalucía. Vulgo, se les ha ido de las manos Y temen un crecimiento descontrolado del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte y romper con el equilibrio y la armonía dentro de este sector y en su relación con el sector del taxi.

A la espera de encontrar una solución, durante dos meses se suspenden las nuevas autorizaciones a las VTC. En este tiempo, se elaborará un estudio técnico sobre la gestión de la oferta del transporte en los vehículos taxi y VTC en Andalucía para mejorar la regulación de estos servicios. Este estudio fijará «criterios objetivos para la concesión de autorizaciones de VTC, conforme al régimen jurídico de la legislación estatal, que habilita a las comunidades autónomas para establecer requisitos para velar por la buena gestión del transporte«.

Hoy se debate en el Parlamento y se aprobará con la mayoría absoluta del Gobierno. Sin embargo, antes de su certificación ya ha conseguido algo casi imposible: poner de acuerdo a las VTC y a los taxistas, que critican esta maniobra de la Junta. Obviamente, por motivos tan diversos como contrarios, aunque sí coinciden en acusar a los responsables políticos de falta de diálogo y consenso.

Los representantes de las plataformas lamentan que «hay más de 400 coches parados sin poder trabajar« por esta parálisis, que además envuelve en una »inseguridad jurídica a este sector después de fuertes inversiones particulares«. Los taxistas entienden que los requisitos vienen explícitos en la Ley de 2023, y que ese informe no es más que una excusa para que dentro de dos meses, sin el documento aún redactado, se concedan todas esas licencias ahora mismo congeladas. Ambos plantean batalla. Las VTC advierten un «escenario de conflicto judicial» si no se cumple con lo regulado; el taxi se manifiesta este mismo miércoles ante la sede del Parlamento y asistirá al Pleno.

La Asociación Empresarial VTC Andalucía muestra su «enorme preocupación» por la «incertidumbre». «La Junta, sin consensos, modificará su propia sentencia«, apunta el presidente del colectivo, Pablo García-Trespalacios. Ahora mismo «hay más de 400 vehículos parados sin poder trabajar. Estaría en juego una inversión de unos 15 millones de euros, en gran parte ya comprometida, así como la contratación de unas 500 personas en toda Andalucía. Hay situaciones dramáticas«.

«Las empresas han acometido esas inversiones porque eran necesarias para poder realizar la solicitud y además con la confianza de que el Gobierno de Andalucía en las primeras semanas había concedido más de 40 licencias«.

En el sector del taxi no se creen las explicaciones de la Junta, de que ha habido un cambio brusco, de que no se lo esperaban, y entienden que es una argucia para que todas estas licencias queden aprobadas en un periodo de dos meses. «Siempre hay un favoritismo tremendo. La Junta tiene unos intereses que no son los generales del ciudadano ni tampoco el de los taxistas«. Rafael Baena, de Élite Taxi, asegura que la regulación estaba perfectamente establecida en la ley de 2023 pero «la Junta se centró sólo en el requisito del dióxido de carbono. Y la contaminación no es sólo el CO2», sino también el desgaste de los neumáticos contra el asfalto, los frenados y los rozamientos, los atascos...«.

Baena explica que «han tenido dos años para hacerlo. Y ahora quieren elaborar un informe mucho más amplio y denso en sólo dos meses. No les dará tiempo a concluir por lo que en, cumplido ese tiempo, aprobarán esas licencias que cumplan con el requisito del dióxido de carbono«.

Desvela que, si ahora mismo hay 3.713 autorizaciones de VTC, «hay 4.000 más esperando y se duplicará el número de manera prácticamente inmediata, como nos reconocen los responsables de movilidad de Sevilla«. Andalucía es grande, pero todos »se concentran en la capital hispalense y en la Costa del Sol, más un poco en Granada, sólo donde hay negocio«.

La manifestación de este miércoles a las 10:30 en las puertas del Parlamento se antoja el primer paso en una nueva guerra del taxi, que en las ocasiones precedentes ha sido muy virulenta por las enérgicas presiones del sector. La Junta sigue en la búsqueda de ese complejo equilibrio entre la libertad individual para emprender un negocio y la regulación para no detonar el mercado y ofrecer un buen servicio público.