«La violencia de género sigue aumentando y parece no tener techo»
La coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Forense de Andalucía, Carmen Álvarez, reconoce que los análisis por supuesta sumisión química también se han disparado
Una de la concentración contra la violencia de género
Parte fundamental del trabajo de los Institutos de Medicina Legal y Forense de Andalucía se centra también en la violencia de género, una lacra que parece no tener techo. Son las las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de estos institutos las ... que se encargan de informar, a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en esta materia, sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, además de los efectos que sufren los menores a cargo de las mismas y la peligrosidad objetiva, así como del riesgo de reincidencia del denunciado.
«Las denuncias por violencia de género están aumentando mucho y parecen no tener techo. Lo vemos tanto en la valoración de las lesiones por parte de los forenses de guardia como en las valoraciones integrales que nos demandan los jueces. Esto ha disparado la carga de trabajo, por lo que se está haciendo un esfuerzo importante por incrementar estas unidades de valoración integral», explicó Carmen Álvarez, coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Forense de Andalucía.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, además de atender a las víctimas de violencia de género, estos forenses también asisten a las mujeres víctimas de violencia sexual, lo que también supone una mayor carga de trabajo. Para hacer frente a ello, la Consejería de Justicia ha reforzado el personal de estas unidades con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (con más de un millón de euros anuales).
Más personal
Tal es así que desde el 1 de agosto se han incorporado once médicos forenses, uno en cada provincia excepto en Cádiz, Málaga y Sevilla donde han entrado dos más, y ocho funcionarios del cuerpo de tramitadores procesales —dos en Cádiz y uno para cada una de las demás provincias excepto Málaga—.
A todo esto hay que sumar la actividad investigadora que realizan estos equipos y los análisis sobre los efectos de determinadas sustancias para el Plan Nacional sobre Drogas o la sumisión química en casos de abusos sexuales.
Sobre la sumisión química, Álvarez reconoció que las denuncias por sumisión química también han aumentando, especialmente el año pasado —cuando los pinchazos proliferaron—, lo que hizo necesaria la aprobación de un protocolo por parte de la Junta de Andalucía para actuar con la mayor celeridad posible.
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