La vicepresidenta Montero descarta el fondo de nivelación que pide la Junta y defiende que el acuerdo catalán será «muy bueno para Andalucía»

María Jesús Montero ha protagonizado en el municipio gaditano de Rota su primera comparecencia en Andalucía tras la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Y lo ha hecho para defender el contenido de este preacuerdo y para situarlo como un marco de oportunidad, como una «nueva mirada para la financiación autonómica» que, según la ministra, no tiene que perjudicar a la comunidad autónoma andaluza, la región con más población, la que recibe más recursos anualmente del régimen general y una de las cuatro que son consideradas como infrafinanciadas, según todos los análisis, por el reparto del actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009.

Pese a esto, la ministra no aclaró cómo beneficiará a Andalucía un modelo de financiación singular para Cataluña, que incluya la gestión, inspección y recaudación de los tributos hasta ahora compartidos al 50% por el Estado, pero sí incidió en su rechazo a la propuesta del Gobierno de Juanma Moreno (consensuada con Castilla La Mancha, Murcia y Valencia) para que se cree un fondo de nivelación que equilibre los repartos y sitúe a Andalucía en la media de las comunidades autónomas con una aportación extraordinaria de 1.400 millones de euros, según el último cálculo realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)

«Esa propuesta implica que no se tengan en cuenta criterios como la insularidad o el territorio y se realice un reparto de fondos en función de la población. Iría en contra del propio sistema», explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien incidió en que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas no avalaron esta iniciativa. No obstante, el cálculo del fondo de nivelación no se realiza exclusivamente por población, sino que es una estimación basada en los gastos con competencias homogéneas por población ajustada (un cálculo que estima tanto el número de habitantes como la superficie, la edad media o la insularidad). Y teniendo en cuenta todas estas variables consensuadas en 2009, hay cuatro comunidades que reciben menos dinero, según las estimaciones de Fedea, compartidas por esos cuatro gobiernos regionales infrafinanciados, de lo que les correspondería. Asimismo, la propuesta no supone reasignar los fondos, sino inyectar una cuantía adicional al sistema, que se estima en torno a los 3.000 millones de euros a repartir sólo entre estas cuatro comunidades.

Cerrada esta puerta para Andalucía, la vicepresidenta hizo dos planteamientos en su visita a Rota, que comprenden situaciones como la que tiene en estos momentos la comunidad autónoma andaluza. En primer lugar, invitó a todos los territorios a «inspirarse» en el modelo de acuerdo entre PSC y ERC para fijar medidas que incrementen el autogobierno y la financiación de los servicios públicos, aunque siempre manteniendo el concepto de solidaridad.

En segundo lugar, reconoció la necesidad de un cambio del sistema de financiación, tal y como por ejemplo aprobó el Parlamento andaluz siendo ella consejera de Hacienda en 2018, para «recortar las diferencias entre las comunidades autónomas que reciben más financiación en relación con la población» que superan los 800 euros por habitante.

El acuerdo entre PSC y ERC establece la configuración de un modelo de financiación singular para Cataluña que incluya la gestión, recaudación e inspección al 100% de los impuestos que hasta ahora están al 50%, así como el establecimiento de una aportación al Estado por la contribución a la financiación de los servicios estatales y otra cuota de solidaridad para el reparto entre las comunidades autónomas con menos recaudación fiscal en relación con su población y sus servicios públicos, como es Andalucía.

La vicepresidenta Montero se aferró en sus declaraciones en Rota la literalidad del acuerdo. No recoge la palabra «concierto» ni el compromiso de que Cataluña, la comunidad que más aporta en términos cuantitativos, salga del sistema general. Tampoco, defendió la ministra, compromete un cambio de financiación del modelo actual. Pero sí marca una negociación bilateral del modelo de financiación entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, ahora presidido por Salvador Illa, y un sistema «singular» y por tanto diferenciado del resto de comunidades.

A partir de ahí, el desarrollo del acuerdo está condicionado por las negociaciones que se realicen entre el Gobierno de España y el Gobierno de Salvador Illa (una de las principales bazas con las que cuenta el PSOE para encauzar este preacuerdo) y por la necesidad de establecer modificaciones legislativas, especialmente en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que requieren de una mayoría en el Congreso que, en estos momentos, no está cerrada dadas las diferentes sensibilidades existentes entre los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

La ministra sí instó al PP a poner encima de la mesa una nueva propuesta de sistema de financiación para las comunidades autónomas, con un nuevo reparto de fondos, y subrayó así las diferencias existentes entre los distintos territorios. Aplicar por ejemplo un criterio de población perjudicaría a los territorios más despoblados. Y las necesidades de Andalucía, que recibe más por habitante de lo que aporta a través de la recaudación fiscal, son muy distintas de las de Madrid, la región que más aporta en relación con lo que ingresa. Sí hay en cualquier caso un punto común en la interpretación de las comunidades del PP y de las gobernadas por el PSOE que han hecho pública su posición como Castilla La Mancha o Asturias: Cataluña no está infrafinanciada.