El tribunal de los ERE sondea consultar a la Justicia europea si la revisión del TC es compatible con combatir la corrupción

La pasada semana, el sindicato que preside Miguel Bernad, que ejerció la acusación popular en el juicio de la pieza política del caso ERE, planteó a la Audiencia de Sevilla solicitar una cuestión prejudicial a la Justicia europea alegando que el bloque progresista de magistrados que controla el TC no ha sido imparcial ni independiente en las resoluciones emitidas en favor de los condenados.

En una decisión muy discutida por los juristas que consideran que se ha extralimitado en sus funciones, el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado (2004-2011) bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), reduce sustancialmente los delitos de prevaricación a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y al expresidente andaluz Manuel Chaves, mientras que elimina la malversación por la fue condenado a seis años de prisión su sucesor en la Presidencia autonómica, José Antonio Griñán.

En su diligencia de ordenación a la que ha accedido ABC, que está fechada el pasado 25 de julio y fue notificada este lunes, la Sección Primera de la Audiencia también pone de manifiesto que, una vez transcurrido el plazo de diez días para hacer las alegaciones a la petición del sindicato personado en la causa, se va a configurar el tribunal que «haya de dictar la sentencia» para resolver «lo planteado». Éste estará compuesto por las dos magistradas en activo del tribunal original que dictó la sentencia, Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casielles. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló anticipadamente y ahora ejerce como abogado.

En manos de ambas magistradas de la Audiencia Provincial de Sevilla está dictar la sentencia final del caso ERE después de que el tribunal de garantías haya dado amparo parcial a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por la implantación del sistema de ayudas fraudulentas, bajo el argumento de que los jueces sentenciadores vulneraron sus derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.

En su escrito de alegaciones, el sindicato se centra en la interpretación y el fallo respecto a la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez que ha aprobado la mayoría progresista de magistrados del TC. Manos Limpias denunció que dicho órgano de garantías «no es ni independiente ni imparcial» puesto que cinco de los jueces tiene «vínculos directos» con el PSOE, el mismo partido al que pertenecen los políticos exonerados, y «no cumple con el canon del Estado de Derecho de la UE».

De este modo, la organización que preside Miguel Bernad movía ficha para que no se apliquen las sentencias dictadas por el órgano de garantías que ordenaban a la Audiencia de Sevilla que emitiera nuevas resoluciones reduciendo sustancialmente las penas de inhabilitación y prisión que impuso a diez de los políticos que recurrieron los fallos, entre ellos Magdalena Álvarez Arza. Cuatro magistrados del ala conservadora en el TC votaron en contra del borrado de delitos y advirtieron de que incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad.

Alineándose con los magistrados discrepantes del TC, la acusación popular ejercida por Manos Limpias pidió, a través de la Audiencia de Sevilla, que suspendiera la revisión de la pieza política de esta macrocausa penal hasta que el TJUE se pronuncie sobre este asunto. De este modo, trata de frenar la anulación de la condena dictada por la Audiencia de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo a Álvarez y a nueve ex altos cargos más.

Así, el sindicato advirtió de que el TC genera «un riesgo de impunidad respecto a los afectados» y proyecta «una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financieros de la Unión entre estados miembros» .

El Tribunal Constitucional declaró que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal con la sentencia dictada contra Álvarez y otros condenados que obtuvieron por ello un amparo parcial. El TC ha ordenado retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Aplicando este criterio, el TC también estimó parcialmente los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, amparándose en un quebranto de sus derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal.

En su escrito de alegaciones, Manos Limpias esgrime que la revisión de la sentencia, que reduce el delito continuado de prevaricación por el que Álvarez fue inhabilitada en firme durante nueve años, resulta «totalmente contrario al canon de protección efectiva y disuasoria de los intereses financieros de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción y al estándar homologado y armonizado de tutela de los derechos fundamentales de la UE estipulado por el TJUE».

El sindicato personado en la causa de los ERE hizo constar que «nueve de los magistrados» que dictaron la referida sentencia «tenían una vinculación con el Legislativo y del Ejecutivo español». Cinco de los jueces presentan, a su vez, «vínculos directos con el PSOE»,partido al que pertenecían «muchos de los condenados, entre ellos la señora Álvarez Arza», especifica la representación legal de Manos Limpias. En consecuencia, con esta sentencia «no cumplía el TC las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Estado de Derecho en su artículo 2 del Tratado de la Unión Europea».

Los cinco jueces relacionados con el PSOE que cita en su escrito el sindicato son el exfiscal general del Estado y presidente del Pleno del TC, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia y ex alto cargo en el Gobierno de Manuel Chaves,Juan Carlos Campo; la ex alto cargo de MoncloaLaura Díez Bueso; la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y la magistrada María Luisa Balaguer. 

Montalbán, ponente de las sentencias, había intervenido en la resolución de ayudas del caso ERE en la Justicia ordinaria, mientras que Balaguer fue miembro del Consejo Consultivo andaluz y en su etapa emitió dictámenes sobre las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009. El PP recusó a estas dos últimas pero su incidente de nulidad fue rechazado de manera unánime por el TC al considerar que se había presentado de manera extemporánea.

La Junta de Andalucía como administración perjudicada por el fraude puede personarse en el proceso, pero el Gabinete Jurídico autonómico, dependiente de la Consejería de la Presidencia, de momento no ha actuado.