Uno de cada tres beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital es de Andalucía

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tiene una cuantía media de 502,6 euros por hogar, vuelve a batir récords en la comunidad autónoma: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) difundió ayer los datos actualizados de esta prestación, que corresponde al cierre de este junio, y la conclusión es que Andalucía se afianza como el territorio con más beneficiarios, y muy por delante del resto de las regiones.

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José María Camarero

La Autoridad Fiscal estima que el retraso en la incorporación al mercado laboral llega al 20% y propone a Seguridad Social medidas para fomentar la vuelta a la actividad entre sus perceptores.

La comunidad, que es la más poblada del país, ha sumado 331.487 expedientes validados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en los cinco años que se cumplen desde que el Ejecutivo activó esta medida contra la pobreza y la exclusión, cuando en toda España la cifra ha sido de 1.068.719.

Las personas que disfrutan o han disfrutado de este colchón económico para hacer frente a los gastos domésticos más apremiantes han sido 3,7 millones en el conjunto del país, de las que algo más de un millón redondo (1.008.060 ciudadanos para ser exactos) son andaluzas. En otras palabras: uno de cada tres individuos que cobra este dinero para subsistir es vecino de la región, que lidera los registros de un modo abrumador. Por ejemplo: el corte de junio de este año del IMV señala que Andalucía llegó a las 237.346 prestaciones, casi el triple de la Comunidad Valenciana, que anotó en torno a 84.000. La tercera posición fue para Cataluña con unas 74.000. Ítem más: Andalucía multiplica por diez los titulares del llamado escudo social que tiene Extremadura.

El IMV tiene la vocación de atender a la población más vulnerable, y los menores están en la diana de una forma preferente. Así, más del 40 por ciento de los beneficiarios de la región son niños y adolescentes (el dato concreto es 423.338). De hecho, el Ingreso Mínimo Vital cuenta con una división concreta para cubrir las necesidades de los pequeños de las casas, y se llama Complemento Específico de Ayuda a la Infancia (CAPI). Andalucía también se encuentra, y a mucha diferencia del resto, en estos registros: en la actualidad perciben el citado complemento 174.000 hogares de la comunidad, cuando en el conjunto de España son 527.071. Los menores acogidos a este programa suman en la región 294.854.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de cero a tres años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre tres a seis años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre seis y 18 años. La cuantía media del complemento en abril ha sido de 67,45 euros por cada menor y de 116,61 euros por hogar con menores.

Un elemento que llama la atención de la estadística publicada en el día de ayer por el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene que ver con el posicionamiento de cada una de las provincias andaluzas. Por descontado está para cualquiera que Sevilla ocupe la primera posición. Si el foco queda fijado en el corte más reciente, el de junio de este año, el minuto y resultado es que la provincia que es el centro administrativo de la región se encuentra a la cabeza del cómputo de personas acogidas a la prestación del Gobierno, ya que la cifra se halla situada en 184.973 individuos. Lo lógico podría ser que Málaga, por una cuestión de peso poblacional ocupara el segundo puesto. Pues no: la plaza le corresponde a Cádiz, que conoce el dato de 124.819 personas beneficiarias del programa contra la exclusión social que acaba de cumplir un lustro de vida. El tercer lugar sí que es para Málaga (98.081), y que está seguida por Granada (79.851), Córdoba (74.479), Jaén (67.476), Almería (66.443) y Huelva (41.518).

¿Y quiénes son los principales perceptores del IMM? ¿Qué edad tienen? ¿Son hombres o mujeres? El retrato robot de estos ciudadanos que dibuja la información difundida ayer por el Gobierno central apunta a que no se trata, ni mucho menos, de personas que estén por definición fuera del mercado laboral; antes al contrario, son de sujetos que tienen una edad media de 45,3 años, esto es, que se hallan en plena madurez profesional y en principio con todas las posibilidades del mundo por delante.

Las mujeres son, al tiempo, las que más demandan estas ayudas del Ejecutivo: el 73 por ciento de los beneficiarios de la prestación son de sexo femenino de acuerdo al dato actualizado de junio de 2025 en la comunidad autónoma, a razón de 174.572 en relación con los 62.774 hombres que refleja la estadística en cuestión.

¿Y cómo es la familia media que ve en el Ingreso Mínimo Vital un clavo ardiendo al que agarrarse en medio de las turbulencias desasosegantes de la maltrecha economía doméstica? Pues una de las de toda la vida, esto es, dos adultos —por lo general, un hombre y una mujer— con dos hijos a su cargo. A renglón seguido figuran los solteros, pero no los solteros con un menor a su cargo, no: sino solteros en estado puro, maduritos que se aproximan a los cincuenta años y que no tienen cargas familiares, pero que como todo hijo de vecino necesita un dinerito cada mes para pagar el alquiler, la tarifa del móvil y la cervecita del mediodía.

Si la voluntad del Gobierno con estas ayudas parece clara y de buena fe —dar oxígeno a quienes miran el calendario con angustia para que llegue el fin de mes sin que la cuenta corriente se les asfixie— el envés de esta realidad habita en el sitio en el que crece la sospecha de que el dinero que da el Estado puede relajar en ciertas conciencias el interés por trabajar.

Porque el hecho es que la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) provoca que una parte de los beneficiarios de este subsidio social ralenticen su vuelta al mercado laboral mientras lo están cobrando. Lo ha dejado por escrito la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que a comienzos de este mes de julio señaló en un informe que la probabilidad de trabajar entre las personas que demandan con éxito este dinero de trabajar se reduce, de media, un 12% entre quienes perciben esta renta.

Los datos analizados por la Airef apuntaban, además, que para determinados colectivos el impulso para volver a trabajar es aún menor con respecto a la media. Se trata de familias que, por ejemplo, tienen una ayuda de las más elevadas que ofrece el IMV; hogares monoparentales; y también aquellos menores de 30 años, para quienes esa reincorporación es menos atractiva a partir de los datos analizados tras seis meses cobrando la ayuda.

A juicio de la Airef, la percepción del Ingreso Mínimo Vital también provoca otro efecto en el mercado laboral ya que su cobro reduce el número de días trabajados al mes en un 11%. Esta situación se produce porque ser beneficiario de esta subvención es compatible con un puesto de trabajo, aunque se reduce el importe de la misma de forma proporcional para evitar una discriminación con respecto al resto de perceptores.

Los datos también apuntan que un 90% de beneficiarios permanecen en la prestación más de 12 meses; un 75% más de 24 meses; y un 60% más de tres años. Los datos también apuntan que un 90% de beneficiarios permanecen en la prestación más de 12 meses; un 75% más de 24 meses; y un 60% más de tres años. Así, la Airef propone reformular el incentivo al empleo que ya puso en marcha la Seguridad Social en 2022, con un nuevo diseño que sea visible para los potenciales beneficiarios, porque en ocasiones desconocen esta posibilidad de combinar el trabajo con la propia percepción de la ayuda.