El plan para traer agua en barco desde Murcia se ralentiza al mejorar las reservas de los embalses

De hecho, a principios de febrero, cuando la sequía andaluza estaba en su peor momento la Junta de Andalucía contactó con el Gobierno de Murcia para analizar la disposición de esta comunidad autónoma a permitir el traslado de barcos de agua desde la única desaladora que no estaba al 100% de funcionamiento y que tenía por tanto capacidad: la de Escombreras, en el entorno de Cartagena. El Gobierno murciano confirmó que esta instalación tenía margen y que había disposición a colaborar con la comunidad vecina. Sin embargo, según confirman fuentes del Gobierno de Murcia, desde entonces no ha habido ninguna petición formal más ni ningún trámite para formalizar este proceso. El Gobierno de España, por su parte, no señaló expresamente a la desaladora de Escombreras, aunque sí dijo que se usaría una desaladora que no fuera de la red pública, que estuviera infrautilizada y en una comunidad autónoma del levante español. En Murcia no hay ninguna otra que reúna esos requisitos y a Cataluña recurrirá a Valencia.

En cualquier caso, activar este plan cuando se tome la decisión no es automático. Existe un primer paso clave. La Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Gobierno de España, debe autorizar la operación en función de los hectómetros cúbicos de agua que se soliciten y de la situación de los embalses en la zona afectada. Según confirman desde esta institución en estos momentos ni siquiera se ha iniciado el expediente para aprobar esta solicitud ya que formalmente de momento no se ha puesto encima de la mesa por ninguna de las administraciones implicadas.

Pero hay un segundo proceso, según confirman fuentes de la Consejería del Gobierno de Murcia de la que depende la desaladora de Escombreras. Esta instalación se puede poner al 100% de capacidad en apenas unos días. Pero hay que definir un sistema para que el agua llegue desde ahí al puerto más cercano. Y ese sistema está aún por concretar.

No obstante, pese a la mejoría de las reservas de los embalses de agua, la posibilidad del traslado de agua potable en barco a Andalucía sigue abierta, como subrayan desde el Gobierno de España y desde la Junta de Andalucía. Sobre todo porque la mejoría general de las reservas de agua en relación con el mismo periodo del año pasado no afecta a todas las zonas de Andalucía por igual. Y en el caso de la provincia de Málaga, las lluvias no han permitido de momento que se recuperen niveles adecuados en los embalses. Es la zona que más preocupa al Gobierno andaluz.

Por este motivo, las dos administraciones mantienen el reparto de papeles que acordaron en la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno. El Ministerio asume el coste de la desalación y de llevar el agua desde la planta desaladora hasta el barco que lo pueda transportar, mientras que a la Junta de Andalucía le corresponde la identificación de los barcos y su descarga para la integración en los sistemas de abastecimiento de las zonas afectadas. En este sentido, sólo está en marcha la adecuación del Puerto de Málaga, cuya toma de agua estaba en buenas condiciones y se están realizando las actuaciones para garantizar su uso. En el caso de Carboneras y Algeciras, el último decreto de sequía prevé una inversión de cinco millones de euros para la adecuación de las tomas de agua y las instalaciones complementarias que de momento no han finalizado.

Desde el Ministerio y desde la Junta de Andalucía subrayan que se trata de una medida de emergencia, que se ejecutaría sólo si es necesario aunque «hay que estar preparados». De hecho, uno de los grandes problemas es su coste: la factura de traer un barco diario a Andalucía con la capacidad máxima (100.000 metros cúbicos) rondaría los 240.000 euros al día.

Con una visión más a medio plazo, Gobierno de España y Junta de Andalucía también se comprometieron a avanzar en la construcción de dos nuevas desaladoras en Andalucía, una en la provincia de Málaga y otra en Almería. Si ambas infraestructuras estuvieran construidas el escenario sería distinto y Andalucía no tendría que recurrir a una infraestructura de otra comunidad autónoma.

Tras semanas de desencuentros, ambas administraciones acordaron avanzar en la construcción de estos dos equipamientos, que están incluidos en el decreto de sequía del Gobierno de España. No obstante, el Ministerio contaba con haber recibido una cesión del suelo y un proyecto concreto de forma que sólo tuviera que financiar la ejecución, como ha ocurrido en el caso de Cataluña.

Esta situación no se ha producido aún en Andalucía. El pasado 10 de marzo arrancaron las conversaciones desde el Ministerio, acordadas con la Junta de Andalucía, con los posibles usuarios y comunidades de regantes del levante almeriense para fijar un acuerdo y « se han puesto a disposición de los agricultores una serie de cuestiones que han pedido en Almería para poder utilizar algunos de los bienes de equipo que estaban disponibles y no estaban siendo utilizados«. De momento, el Ministerio subraya que no existe ni proyecto ni suelo para estas dos nuevas desaladoras.

La Junta de Andalucía sí ha ejecutado con recursos propios la ampliación de la capacidad de la desaladora de Marbella para que pase a producir 20 hectómetros cúbicos al año, incrementando de forma notable la capacidad que ha tenido durante los últimos años.