La Andalucía que se vacía

Andalucía ha trazado su I Estrategia frente al desafío demográfico (2025-30), un plan con una vigencia de cinco años para detener esa sangría y equilibrar el territorio. La comunidad ha aumentado en 1.300.000 habitantes desde principios de siglo (son 8,66 millones de personas), aunque desde el año 1978 la curva de nacimientos empieza a bajar (el principio del fin de los 'baby boomer') y en 2018 el crecimiento es negativo: literal y poéticamente, la muerte supera a la vida. Sólo los recién llegados impiden que el saldo quede en pérdida.

Ocurre en todas las provincias salvo en Almería (+833), donde se aprecia ese impulso de lo que llaman 'inmigrantes de segunda generación'. Mejor dicho, hijos de inmigrantes que son andaluces de cuna. La brecha es profunda en las localidades pequeñas, ya que se ha agravado el desequilibrio entre los grandes núcleos urbanos, cada vez más sobrepoblados, y los pueblos (especialmente) rurales. Sobre estos pivota gran parte de la estrategia.

Para establecer un primer diagnóstico y diseñar el radio de acción, los técnicos han establecido una serie de parámetros para clasificar a los municipios según la prioridad: la densidad de población, las tasas de crecimiento poblacional y vegetativo, los índices de envejecimiento y dependencia, la tasa migratoria, la edad media de la población, la ratio de masculinidad, tasa de desempleo, renta media, y características como la distancia y la altitud o el uso del suelo.

El estudio revela que el 61% de los pueblos necesita medidas contra la despoblación, en mayor o menor grado de urgencia. 480 de los 785 que componen la región requieren actuación. El plan establece tres grados de prioridad: alta (78 municipios), media (221) y baja (181), en función de si incumplen los indicadores mencionados.

De nuevo, y de un sólo vistazo, se distingue ese desigual desarrollo entre oriente y occidente, vislumbrándose la herida más evidente en el poniente, con la afectación en muchos pueblos de Granada, Jaén, Córdoba y Almería. El gráfico muestra como el problema demográfico queda exento en todo el litoral, de Huelva a la costa almeriense, y en el valle del Guadalquivir. Granada (30) y Almería (22) suman más de la mitad de todas estas localidades.

Afrontar el reto demográfico obliga a intervenir para paliar los desequilibrios producidos en la población humana, tanto en estas zonas que pierden población como en las grandes áreas urbanas o costeras receptoras. Un fenómeno que afecta a la cohesión social, económica y territorial.

Andalucía no ha sufrido de forma tan intensa la despoblación de otras comunidades como Castilla y León, Asturias, Extremadura y Aragón por diferentes razones socioeconómicas. El atractivo turístico de muchas áreas ha permitido que se sobrepongan a la falta de relevo generacional en sectores como la agricultura y la ganadería. Por patrimonio histórico, paisajístico y cultural han salido airosas en el cambio de modelo productivo.

Pero hay muchas zonas rurales que pierden población por envejecimiento, la referida ausencia de relevo en determinadas labores o el llamado éxodo rural, que ha llegado más tarde a la agraria Andalucía, pero ha llegado. El 82,3% reside en centros y agrupaciones urbanas mientras que los asentamientos rurales comprenden sólo el 8,9% de la población.

Uno de los objetivos de esta estrategia es evitar la despoblación de las zonas del interior y a la vez garantizar la adecuada provisión de servicios públicos en las zonas mas desarrolladas y con más crecimiento. La administración actúa porque esta descompensación afecta a los servicios: educación, vivienda, sanidad, seguridad, limpieza, conectividad, mantenimiento urbano... En unos por falta de ellos, en otros porque no son suficientes.

Andalucía tiene crecimiento vegetativo negativo por la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones. Un reto es llegar a igualar estos dos parámetros y dejarlo a cero en 2040. Para ello se enumeran diferentes medidas, como impulsar políticas de natalidad (apoyar a las personas progenitoras mediante una mejor conciliación), retener la fuga de talentos y empoderar a las generaciones más jóvenes, favorecer políticas de formación e integración para garantizar el saldo migratorio positivo y fomentar el regreso de la población andaluza del exterior, un apartado en el que se han producido avances positivos en los últimos dos años. Se ha pasado de 3.098 retornados en 2010 a 6.161 en 2022.

Es fundamental la fijación de la población y atracción de nuevos pobladores, y hacer frente a la escasez de la mano de obra a través de la migración legal. En la actualidad, la población empadronada es de 870.903 migrantes, lo que representa un 9,5% del total, cuando en 2001 eran 164.145. La mayoria es marroqui (172.327), también de Reino Unido (84.503), Rumanía, Italia, Ucrania y aumentan los llegados de Venezuela y Colombia.

Aunque suelen ubicarse en áreas urbanas, es paradigmática la situación de Almería, que ha crecido en zonas agrícolas y es la única que aumenta la población natural.

Y en el 'superávit' final también se incluyen foráneos de países europeos de mayor poder adquisitivo que planean su 'retiro' dorado en el sur de España. Es un porcentaje importante de mayores de 65 años jubilados (la tercera comunidad por detrás de Canarias y Valencia), que gastan más al contar con mayor capacidad ('silver economy') y a la vez consumen mas recursos públicos por su edad. Estos flujos migratorios permiten que Andalucía mantenga un ligero crecimiento anual, pero los síntomas de estancamiento y la inversión de la pirámide poblacional obligan a afrontar de manera urgente este reto demográfico. Posiblemente, el mayor desafío del futuro próximo.