El TC deja en suspenso el recurso andaluz contra la amnistía y la Junta lo tacha de «retroceso y barbaridad jurídica»

La decisión por tanto ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno andaluz y el Tribunal Constitucional que ya había sido abiertamente cuestionado en los últimos meses por parte del Ejecutivo a raíz de sus decisiones en torno al caso de los ERE que implicaron una revisión de las sentencias condenatorias, la retirada de la pena de cárcel a varios altos cargos socialistas, entre ellos, el expresidente José Antonio Griñán.

Si el tono contra el Tribunal Constitucional fue duro entonces. Más lo ha sido al conocer la suspensión del recurso andaluz (al igual que el del resto de autonomías. La decisión es considerada por el Gobierno autonómico como una «barbaridad jurídica, un retroceso democrático y una estrategia de dilación que no tiene precedentes». Los servicios jurídicos andaluces analizarán si cabe recurso.

La suspensión de los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas fue adelantada por El País y confirmada por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien mostró su «sorpresa y perplejidad política» por una decisión inesperada.

Es cierto que los recursos autonómicos ante el Tribunal Constitucional están condicionados por la normativa que establece que deben referirse a cuestiones que afecten a sus competencias. Pero en este caso la Junta de Andalucía al igual que el resto de comunidades denunciantes cuentan con el aval de sus servicios jurídicos que avalaron la formulación del recurso, del Consejo Consultivo y de la jurisprudencia del propio Tribunal. «No hay precedentes de una decisión como ésta, no hay casos en los que se haya puesto en duda la legitimación de las comunidades para poner un recurso sobre una cuestión que claramente nos afecta como la Ley de Amnistía», apuntó Sanz, quien incidió en que son varias comunidades del PP y una del PSOE (Castilla La Mancha) quienes han acordado el uso de esta vía.

«Vamos a analizar a fondo esta decisión. Y no queremos pensar ni podemos imaginarnos que se vaya a impedir que las comunidades podamos recurrir. Hay jurisprudencia y sentencias muy claras al respecto», apuntó Antonio Sanz, quien anunció que se encargará a los servicios jurídicos el estudio de un posible recurso sobre esta decisión: «Vamos a ver si cabe recurso, es un hito sin precedentes. Nos ha sorprendido, nos llena de perpejlidad y preocupación de hasta dónde se pueden ejecutar estrategias dilatorias ante algo que es claro que es una ley inconstitucional. Cuando la mayoría de las comunidades recurrimos está demostrada la legitimación».

La iniciativa de la Junta contra la Ley de Amnistía sigue la misma línea de los recursos planteados por el resto de comunidades gobernadas por el PP. Por un lado, se pide la anulación de la medida legislativa al entender que atenta contra el principio de igualdad de los españoles y, por otro, se propone la recusación de tres magistrados: el presidente Cándido Conde Pumpido y los miembros del Tribunal Juan Carlos Campo (quien ya ha anunciado que no participará en ninguna deliberación relacionada con la amnistía) y Laura Díez.

La decisión de dejar en suspenso los recursos autonómicos no implica que el Tribunal Constitucional no vaya a analizar la amnistía. De hecho, por ejemplo, hay recursos de diputados de grupos parlamentarios, como el PP, que siguen adelante. Eso sí, se cuestiona que una comunidad tenga legitimidad, un planteamiento criticado por Andalucía, por el resto de comunidades afectadas y por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.